YPF: la Corte de Nueva York definirá el martes si Argentina entrega sus acciones o queda en desacato
El fallo será clave en el millonario juicio por la expropiación de la petrolera. El país busca frenar la orden de “turnover” que le exige entregar el 51% de YPF, mientras Burford Capital presiona para cobrar. Qué puede decidir la justicia y cuáles serían las consecuencias de un desacato.
El histórico juicio por la expropiación de YPF en 2012, que ya lleva más de una década en trámite en el tribunal de la jueza Loretta Preska, entra en horas decisivas. Este martes, la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York deberá resolver si concede a la Argentina la suspensión (“stay”) de la orden que obliga a entregar el 51% de las acciones de la petrolera, en manos del Estado, al fondo Burford Capital.
Preska ya condenó en primera instancia al país a pagar USD 16.000 millones por la expropiación realizada durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Con intereses, la deuda roza los USD 18.000 millones, una cifra considerada impagable para la economía argentina actual. La apelación a ese fallo recién tendrá audiencia a fines de octubre.
En paralelo, Burford —que compró los derechos del litigio y es el principal beneficiario— intensificó las presiones. Busca demostrar que YPF y el Estado argentino son un “alter ego” sin independencia real, para así habilitar embargos sobre activos públicos. Entre sus pedidos figuran acceder a comunicaciones de exministros como Sergio Massa y el actual titular de Economía, Luis Caputo.
La jueza Preska ya ordenó el turnover accionario, pero Argentina apeló. Ahora la Cámara de Apelaciones deberá optar entre:
- No conceder la suspensión y mantener firme la entrega de acciones.
- Conceder una suspensión con garantías distintas a las acciones de YPF.
- Conceder la suspensión plena hasta resolver la apelación.
Si se confirma la entrega y el país no cumple, incurriría en desacato ante uno de los tribunales financieros más relevantes del mundo, lo que podría derivar en embargos, multas y trabas para emitir deuda. En un antecedente de 2014, el juez Thomas Griesa impuso a la Argentina una multa de USD 50.000 diarios a pedido de un fondo buitre.
Fuentes allegadas al caso advierten que Burford podría reclamar sanciones más severas e incluso buscar restricciones para funcionarios argentinos en Estados Unidos. “El daño reputacional sería importante y podría disuadir inversiones”, señaló Sebastián Maril, de Latam Advisors.
El Gobierno insiste en que agotará todas las instancias judiciales y mantiene un hermetismo total sobre su estrategia. Sin embargo, en el entorno de Burford creen que la única salida viable es negociar cuanto antes, ya que los intereses siguen acumulándose.
Por ahora, ambas partes guardan silencio. La definición de este martes podría marcar el rumbo de la disputa legal más costosa de la historia para un país soberano en un tribunal estadounidense.