México atraviesa una emergencia nacional tras las intensas lluvias que se registran desde el 6 de octubre y que han dejado un saldo humano y material grave. El informe más reciente del gobierno federal reporta, hasta la fecha, al menos 64 personas fallecidas y 65 desaparecidas. Las precipitaciones, alimentadas por los remanentes de los huracanes Raymond y Priscila, han afectado con particular severidad a cinco estados, donde se han sucedido inundaciones masivas, deslaves que han sepultado viviendas y caminos, y desbordes de ríos principalmente en las regiones central y oriental del país.

La emergencia ha puesto en evidencia la vulnerabilidad de la infraestructura: la red carretera federal y las redes estatales han sufrido daños significativos, lo que complica las tareas de búsqueda, rescate y el envío de ayuda humanitaria a las zonas más golpeadas. Las autoridades estiman que alrededor de 100.000 viviendas han resultado dañadas, situación que deja a miles de familias en condiciones de alta vulnerabilidad y requiere respuestas urgentes en materia de albergue, asistencia sanitaria, suministro de agua potable y restablecimiento de servicios básicos.

Además del impacto inmediato, los efectos secundarios —como el riesgo de enfermedades transmitidas por el agua, la pérdida de cultivos y el deterioro de la conectividad regional— plantean desafíos de corto y mediano plazo para la recuperación. Las labores de evaluación de daños y reconstrucción exigirán coordinación interinstitucional y recursos sostenidos para garantizar condiciones de habitabilidad seguras y reducir la exposición a futuros eventos hidrometeorológicos extremos.

Ante este panorama, el fortalecimiento de sistemas de alerta temprana, la inversión en infraestructura resiliente y la planificación del territorio con criterios de riesgo son medidas que aparecen como prioritarias para mitigar el impacto de fenómenos similares en el futuro y proteger a las comunidades más expuestas.