Estados Unidos llevó a cabo un ataque contra una embarcación frente a las costas del Pacífico colombiano, en el que murieron dos personas, según comunicaron autoridades estadounidenses. El hecho constituye, según Washington, la octava acción contra embarcaciones presuntamente vinculadas al narcotráfico desde el inicio de la campaña que la administración estadounidense califica como combate a una amenaza “narcoterrorista”. En total, al menos 29 personas han perdido la vida en estos operativos.

Hasta ahora, los siete ataques previos se habían registrado en el mar Caribe y elevaron la tensión con Venezuela, país que el Gobierno de Estados Unidos ha señalado como origen o facilitador de parte del tráfico ilícito. La escalada se inscribe en la línea de la presidencia de Donald Trump, quien además informó la semana pasada que autorizó a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) a realizar operaciones encubiertas en territorio venezolano.

El secretario de la Fuerza Armadas estadounidense, Pete Hegseth, confirmó el ataque desde su cuenta en X y afirmó que la embarcación “estaba involucrada en el contrabando ilícito de narcóticos y transitaba por una ruta conocida para el narcotráfico”. Según su versión, a bordo se encontraban “dos narcoterroristas”, ambos fallecidos, y no hubo bajas entre las fuerzas de Estados Unidos. El gobierno estadounidense informó que la operación se realizó en aguas internacionales.

Ampliación de operaciones al Pacífico

El episodio marca la primera operación militar estadounidense en el océano Pacífico relacionada con esta campaña desde que la Casa Blanca declaró el conflicto contra las organizaciones dedicadas al narcotráfico. El traslado de acciones al Pacífico implica un cambio geográfico que puede afectar las dinámicas regionales y las rutas marítimas empleadas por las organizaciones delictivas.

La movida se produce en un clima diplomático ya tenso entre Washington y Bogotá. En días recientes, el presidente Trump calificó al presidente colombiano, Gustavo Petro, como “líder del narcotráfico” y anunció la suspensión de la ayuda económica estadounidense a Colombia a través de su cuenta en la red social Truth Social. La crisis diplomática derivó en que Bogotá llamara a consultas a su embajador en Estados Unidos, Daniel García-Peña. Petro también denunció que, durante ataques previos frente a costas venezolanas, murió un pescador colombiano y calificó la acción como “asesinato”.

Despliegue y dudas legales

Paralelamente a los ataques, Estados Unidos ha aumentado su presencia militar en la región del Caribe, desplegando destructores con misiles guiados, aviones de combate F-35, un submarino nuclear y alrededor de 6.500 efectivos, según reportes oficiales. El primer ataque de la serie se registró el 2 de septiembre, cuando el Ejército estadounidense atacó una embarcación que, afirmaron las autoridades, transportaba drogas y habría salido de Venezuela.

Analistas y juristas han planteado objeciones sobre la naturaleza y la legalidad de las operaciones. Se cuestiona por qué el Ejército estadounidense está conduciendo ataques letales en alta mar en lugar de organismos civiles con competencias en la ley marítima, como la Guardia Costera, y por qué no se priorizan medidas alternativas para interceptar o judicializar envíos antes de recurrir al uso de la fuerza. Las dudas incluyen también la calificación de “narcoterrorista” y las implicancias que esa etiqueta tiene para la conducción de la política exterior y las operaciones encubiertas.

El episodio, además de profundizar fricciones bilaterales en la región, plantea interrogantes sobre el alcance y los límites del accionar militar extraterritorial en la lucha contra el narcotráfico, así como sobre el impacto humanitario y diplomático de operaciones que se realizan en áreas marítimas compartidas por países vecinos.