El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, informó haber ordenado un ataque del Comando Sur contra una embarcación en aguas internacionales que, según su comunicado, resultó en la muerte de tres individuos descritos como "narcoterroristas de Venezuela".

En un mensaje difundido en redes sociales, Trump señaló: "Esta mañana, bajo mis órdenes, las Fuerzas Militares de EEUU llevaron a cabo un segundo ataque cinético contra cárteles del narcotráfico y narcoterroristas, identificados positivamente y extraordinariamente violentos, en el área de responsabilidad del Comando Sur".

El mandatario afirmó que el ataque tuvo lugar mientras los presuntos narcotraficantes se encontraban en aguas internacionales transportando "narcóticos ilegales" con destino a Estados Unidos. En su mensaje destacó que estos grupos representan una amenaza para la seguridad nacional, la política exterior y los intereses vitales del país.

Trump añadió que el operativo "resultó en la muerte de tres terroristas varones en acción" y que ningún miembro de las fuerzas armadas estadounidenses resultó herido. Concluyó su comunicado con un llamado enérgico dirigido a quienes transporten drogas hacia Estados Unidos, advirtiendo que serán "cazados" y responsabilizando a los cárteles por daños sociales y sanitarios en comunidades estadounidenses.

La declaración presidencial plantea cuestiones sobre el contexto jurídico y operativo de la acción: uso de la fuerza en aguas internacionales, la identificación y nacionalidad de los abatidos, coordinación con autoridades internacionales y el marco legal que sustenta operaciones militares contra presuntos narcotraficantes. Voces diplomáticas, organismos internacionales y expertos en derecho internacional suelen señalar la necesidad de evidencia y procesos de verificación cuando Estados emplean fuerza letal en alta mar, especialmente si se alude a ciudadanos de terceros países.

Hasta el momento de este comunicado no se difundieron pruebas públicas que corroboren de manera independiente la identidad o la vinculación de los fallecidos con organizaciones criminales venezolanas, ni hubo confirmación oficial por parte de autoridades venezolanas. Tampoco se informó sobre eventuales investigaciones posteriores ni sobre el tratamiento de los restos o la devolución de efectos personales, aspectos que suelen ser parte de los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas en operaciones transnacionales.

El episodio, tal como fue presentado por la Casa Blanca, reafirma la postura de la administración estadounidense respecto a una línea dura contra el narcotráfico y subraya tensiones persistentes en materia de seguridad regional. Será relevante seguir la evolución de la información oficial, las reacciones internacionales y las posibles implicancias legales y diplomáticas derivadas del operativo.