Bolivia enfrenta un nuevo episodio de desabastecimiento de combustibles que impacta a diversos sectores productivos y provoca malestar social. En las estaciones de servicio de ciudades de todo el país se registran largas filas de vehículos, con tiempos de espera que en algunos casos superan las 24 horas.

La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) reconoció un retraso de entre cuatro y cinco días en las asignaciones y afirmó que se están pagando montos pendientes a las cisternas que permanecen cargadas en los alrededores de la refinería de Palmasola, en Santa Cruz de la Sierra, con lo cual se espera agilizar el despacho a los surtidores. «Se espera llegar al 100% el día de hoy (martes) para cubrir la demanda que está programada para esta etapa», declaró Andrés Lamas, jefe de Análisis y Evaluación Técnica de la ANH, en una entrevista con el canal Unitel.

La escasez elevó la tensión social: transportistas de Cochabamba iniciaron un bloqueo de rutas y pidieron disculpas a la población, al tiempo que señalaron su incapacidad para soportar la falta de carburantes. El fenómeno trasciende al sector industrial, que enfrenta dificultades operativas por la carencia de combustible.

La Cámara Nacional de Industrias (CNI) advirtió que la producción de bienes esenciales —alimentos, bebidas y productos farmacéuticos— corre riesgo, con posibles efectos sobre la seguridad alimentaria y sanitaria. La Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) calificó la situación como «insostenible» y advirtió que el sector agropecuario podría alcanzar un «punto sin retorno».

En respuesta a la emergencia, el Comité Cívico de Santa Cruz elaboró dos proyectos normativos orientados a agilizar la logística del suministro, permitiendo que las cisternas entreguen combustible directamente a las estaciones de servicio; ambos documentos fueron remitidos a La Paz. El conflicto se complica por declaraciones contradictorias dentro del Estado y por una orden de captura contra el presidente de la petrolera estatal, en el marco de una presunta exportación no autorizada.

La semana anterior, Armin Dorgathen, presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), manifestó que en las últimas dos semanas no recibió recursos suficientes para pagar a proveedores y que por ello el suministro podría reducirse entre 20% y 30%. «Nosotros como YPFB no podemos garantizar el suministro de combustible, ya que necesito que el Ministerio de Economía me garantice los recursos», afirmó. Al día siguiente de esas declaraciones, un juez de una localidad fronteriza del sur del país dictó una orden de aprehensión contra Dorgathen por el presunto delito de «contrabando de exportación agravado», denuncia presentada por dos funcionarios de la Aduana.

Desde entonces no se ha informado sobre su paradero ni sobre la continuidad de sus funciones. Por su parte, el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, sostuvo que «el presupuesto está otorgado; no solo para compra de combustible, es para exploración, pago de titulares, no es un solo monto para combustibles». La crisis de combustible ocurre en un marco económico ya complejo: la economía registra una inflación de dos dígitos y existe escasez de dólares que limita las importaciones. Empresarios y sectores sociales han manifestado su preocupación por una situación que amenaza con profundizar la crisis económica y aumentar las tensiones sociales, en un contexto político sensible a pocos días de las elecciones presidenciales.