El Gobierno de Pedro Sánchez enfrenta una de sus etapas más delicadas tras la aparición del escándalo conocido como el “caso Koldo”. Este caso, que involucra al Partido Socialista Obrero Español (PSOE), saltó a la luz luego de la filtración de audios y chats que evidencian sobornos por un monto aproximado de 620 mil euros y la utilización de prostitutas financiadas con fondos públicos. La investigación, llevada adelante por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, generó una fuerte reacción tanto dentro del oficialismo como en la oposición.

Los mensajes obtenidos del teléfono del asesor Koldo García, considerado mano derecha del exministro José Luis Ábalos, muestran un patrón sistemático de conductas irregulares. En las conversaciones se reflejan pagos bajo conceptos como “fiestas”, “la puta del otro día” o “mamadas”, junto a una lista de contactos femeninos categorizados como “equipo de brasileñas”. Según la UCO, estas mujeres eran utilizadas para agenciar encuentros con contratistas en pisos turísticos de Madrid.

Entre las charlas filtradas se incluyen referencias explícitas al “intercambio de mujeres para el fin de semana” entre Ábalos y García, así como menciones despectivas hacia supuestas trabajadoras sexuales, con nombres como “Ainara”, “Ariatna” o “Carlota”. Destaca la figura de Anaís, alias Letizia Hilton, actriz porno que aparece en varios videos junto al actor Jordi “El Niño Polla”. En un allanamiento, Anaís fue sorprendida intentando ocultar un disco duro entre su ropa en la vivienda de Ábalos.

Este escándalo no solo revela posibles actividades ilícitas, sino que también pone en evidencia una contradicción política importante: el PSOE, que promueve una legislación para abolir la prostitución y se presenta como un partido feminista, se ve vinculado a acusaciones que sugieren la explotación sistemática de mujeres como medio de intercambio. Frente a esta situación, Pedro Sánchez calificó los hechos como “gravísimos”, ofreció disculpas públicas y anunció una auditoría interna junto a cambios en la cúpula del partido, aunque descartó renunciar.

Un poder manchado y desgastado

Dentro del oficialismo, figuras como Pilar Bernabé definieron los acontecimientos como “repugnantes”, mientras ministras y referentes feministas del PSOE solicitaron un endurecimiento del código ético del partido. La oposición, encabezada por el PP y Vox, intensificó la presión: solicitaron elecciones anticipadas, calificaron al Gobierno de “corrupto” y aseguraron que Sánchez ha perdido la confianza ciudadana. También desde Sumar, socio de coalición, se expresaron críticas severas acerca de la gestión del escándalo.

Este episodio se suma a otros casos recientes que afectan la imagen del PSOE. Entre ellos, el “caso Mediador”, donde el exdiputado Juan Bernardo Fuentes Curbelo, conocido como “Tito Berni”, fue vinculado a una red de favores a cambio de sobornos, fiestas con prostitutas y consumo de drogas. Asimismo, se recuerdan los casos ERE y FAFE en Andalucía, en los cuales se desviaron fondos públicos hacia fiestas y servicios sexuales, debilitando la credibilidad del partido.

En las últimas jornadas, Pedro Sánchez mantuvo reuniones con representantes de Sumar, Junts, ERC, Bildu y otros socios, en un intento por evitar una crisis institucional mayor. Aunque algunas fuerzas expresaron su descontento públicamente, por el momento el Gobierno descarta convocar elecciones anticipadas y confía en haber superado el primer impacto.

En paralelo, la tensión continúa en ascenso. Este jueves, un canal de Telegram con más de 90 mil seguidores divulgó datos personales de siete ministros socialistas, incluyendo domicilios, números de DNI y teléfonos. La Policía Nacional ya se encuentra investigando esta filtración.