La guerra contra las drogas: Trump ordena una acción militar contra los cárteles
La reciente medida promulgada establece un marco legal que permite llevar a cabo operaciones militares directas tanto en aguas marítimas como en territorios de naciones extranjeras.
En el contexto de las políticas de seguridad nacional de Estados Unidos, se ha revelado que el entonces presidente Donald Trump firmó una directiva en secreto que instruye al Pentágono a considerar el uso de la fuerza militar contra ciertos cárteles de droga en América Latina, a quienes su administración ha calificado como organizaciones terroristas. Esta decisión marca un enfoque notablemente más agresivo en la lucha contra el narcotráfico, reflejando una disposición por parte de Trump de utilizar las fuerzas armadas en una situación que tradicionalmente ha sido manejada por las agencias de seguridad y de orden público.
La directiva establece un marco oficial que podría permitir operaciones militares directas tanto en aguas internacionales como en territorios extranjeros, específicamente dirigidas hacia los cárteles de la droga. La situación ha llevado a los oficiales militares estadounidenses a comenzar a desarrollar diversas opciones sobre cómo implementar tales operaciones, según fuentes que han solicitado permanecer en el anonimato debido a la naturaleza sensible de las discusiones. No obstante, esta estrategia también suscita importantes interrogantes legales. En particular, se considera el riesgo de que las acciones militares podrían ser interpretadas como un acto de "asesinato" si las fuerzas armadas de Estados Unidos, actuando sin la autorización de un conflicto armado aprobado por el Congreso, causaran la muerte de civiles.
Esto incluye a individuos que, aunque sean considerados presuntos delincuentes, no representen una amenaza inminente. La incertidumbre sobre la viabilidad legal de la directiva se ve acentuada por la falta de información clara acerca de las opiniones emitidas por los asesores legales de la Casa Blanca, del Pentágono y del Departamento de Estado. Asimismo, no está claro si la Oficina de Asesoría Legal del Departamento de Justicia ha proporcionado una evaluación formal que aborde las complejidades legales asociadas a esta directiva.
En consecuencia, el enfoque del gobierno de Trump hacia el narcotráfico, al incorporar un componente militar, plantea un nuevo conjunto de desafíos que requieren una cuidadosa consideración de las implicancias legales y éticas involucradas.