Ni en Gaza, ni en Ucrania, ni en Yemen, ni en Sudán ni en Siria la ONU ha logrado detener la violencia, pese a sus reiterados esfuerzos. Creada tras la Segunda Guerra Mundial para preservar la paz y la seguridad, la organización enfrenta hoy cuestionamientos por su escasa capacidad de incidir en las crisis más graves.

La paradoja central es que, aunque muchas resoluciones cuentan con una mayoría aplastante, no son vinculantes: los Estados no están obligados a cumplirlas. Así ocurre con las de la Asamblea General, integrada por 193 países, que carecen de fuerza legal. Incluso el Consejo de Seguridad —el órgano más resolutivo, cuyas decisiones deberían ser acatadas— permanece bloqueado por la falta de consenso entre sus cinco miembros permanentes.

Una ONU atada al poder del veto

Estados Unidos, China, Rusia, Francia y Reino Unido, vencedores de la Segunda Guerra Mundial, conservan asientos permanentes en el Consejo de Seguridad y la potestad de vetar cualquier resolución. Esto convierte en papel mojado la mayoría de las iniciativas más relevantes.

En los hechos, la guerra en Ucrania queda blindada por Rusia, mientras que Estados Unidos protege a Israel frente a resoluciones que lo condenan por su ofensiva en Gaza. El ejemplo más reciente fue el 18 de septiembre, cuando Washington vetó un alto el fuego en Gaza a pesar de que 14 países lo apoyaban.

“El texto no condena a Hamás, no reconoce el derecho de Israel a defenderse y legitima erróneamente los falsos argumentos que benefician a Hamás”, justificó la representante estadounidense Morgan Ortagus antes de votar en contra.

Desde 1946, los vetos suman 326. Rusia —heredera de la URSS— concentra el 49% (161), seguida por EE. UU. con el 28% (94), Reino Unido con el 9% (32), China con el 6% (21) y Francia con el 5% (18), según datos oficiales de la ONU actualizados a junio de 2025.

El estancamiento ha llevado a intentos de reforma. En 2022 se aprobó una resolución que obliga a los cinco permanentes a justificar sus vetos en un plazo de 10 días, aunque en la práctica cambió poco. Ya en 2015, Francia, México, España, Nueva Zelanda y Liechtenstein propusieron que renunciaran al veto en casos de genocidio o crímenes de lesa humanidad, pero la iniciativa nunca pasó de ser un gesto diplomático.

El Consejo relegado

Aunque el Consejo de Seguridad tiene la potestad de imponer sanciones o autorizar el uso de la fuerza, hoy esas decisiones se limitan a conflictos periféricos que no afectan a las potencias con derecho a veto. Así ocurrió en 2025 con resoluciones sobre Sudán del Sur, los ataques hutíes en Yemen o el embargo de armas a Libia.

“Jurídicamente, si uno de los cinco permanentes vota en contra, la resolución no puede adoptarse”, explicó el jurista colombiano Rafael A. Prieto Sanjuán a France 24, al analizar la frustrada iniciativa del 12 de septiembre en la Asamblea General que buscaba reconocer a Palestina como Estado.

Una cooperación internacional en bancarrota

El financiamiento de la ONU se compone de cuotas obligatorias de los Estados, aportes al Fondo para el Mantenimiento de la Paz y contribuciones voluntarias destinadas a organismos como Unicef, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) o la OMS.

Para 2025, el presupuesto ordinario aprobado es de 3.720 millones de dólares. EE. UU. aporta el 22%, seguido por China con el 20%. Luego aparecen Japón, Alemania, Francia y Reino Unido, con entre el 4% y el 7%.

Washington es también el mayor contribuyente al Fondo de Mantenimiento de la Paz, que financia 11 misiones y tiene un presupuesto anual de 5.600 millones. Sin embargo, el regreso de Trump a la Casa Blanca puso en riesgo ese esquema: su gobierno anunció que retirará cerca del 27% de las contribuciones estadounidenses.

La administración republicana ya suspendió 48 programas del Fondo de Población de la ONU que brindaban atención médica materna, protección contra la violencia sexual y cuidados básicos en más de 25 países. Y el 29 de agosto Trump pidió al Congreso eliminar otros 4.900 millones de dólares destinados a cooperación internacional.

El secretario general António Guterres advirtió que estos recortes “harán que el mundo sea menos saludable, menos seguro y menos próspero”, al recordar que la financiación estadounidense sostiene directamente a comunidades que sufren guerras, hambrunas y desastres.

China, el otro gran sostén financiero, tampoco ofrece garantías: pasó de demorar dos meses en pagar sus cuotas en 2021 a diez meses en 2024, lo que dificulta la ejecución de programas esenciales.

Multilateralismo en crisis

La falta de recursos y consensos ha empujado a muchos países a optar por acuerdos bilaterales o alianzas ad hoc, temporales y limitadas.

En este contexto, los 193 Estados miembros volverán a reunirse en Nueva York. Allí expondrán sus preocupaciones en un escenario donde la ONU aparece debilitada, sin capacidad de frenar las guerras y con su modelo de cooperación global en entredicho.

Más que los presupuestos, lo que estará en juego este 23 de septiembre será el futuro del multilateralismo y la credibilidad del único órgano concebido para representar a toda la comunidad internacional.