Río de Janeiro vivió este martes una jornada de violencia que, según las autoridades, evocó escenas “de guerra” y dejó un saldo que el gobierno estatal cifró en 60 muertos. El episodio ocurrió en el marco de lo que las fuerzas públicas describieron como el mayor operativo policial de la historia reciente del estado, dirigido contra el Comando Vermelho, la organización criminal con mayor presencia en la región.

El operativo conjunto de la Policía Civil y la Policía Militar se concentró en los complejos de favelas de Penha y Alemão, en la zona norte de la ciudad. La acción, que movilizó a aproximadamente 2.500 efectivos, tuvo como propósito ejecutar órdenes de detención contra miembros del Comando Vermelho que, según la investigación, utilizaban esos asentamientos como bases para un plan de expansión territorial.

Las fuerzas irrumpieron desde la madrugada en 32 vehículos blindados, con apoyo aéreo de helicópteros y presencia de drones. El enfrentamiento dejó un saldo de cuatro agentes fallecidos y ocho heridos, indicó la policía, mientras que, según el parte oficial, 56 presuntos integrantes de la organización fueron abatidos. Además, cuatro civiles resultaron alcanzados por disparos.

En el transcurso de la mañana las autoridades reportaron 81 arrestos y la incautación de 42 fusiles, así como un importante volumen de estupefacientes. Participó en la acción la Fuerza de Tarea Especial de Combate al Crimen Organizado (Gaeco/MPRJ), y el gobernador Claudio Castro —aliado del expresidente Jair Bolsonaro— confirmó la detención de decenas de sospechosos y la recuperación de armas y droga.

El operativo tuvo un efecto inmediato sobre la vida cotidiana de la zona norte: comercios cerrados, suspensión de clases y afectación de servicios sanitarios y del transporte público que, según la Asamblea Legislativa de Río, impactaron a más de 200.000 residentes. Las autoridades informaron además que batallones permanecen en alerta ante eventuales represalias por parte de grupos criminales.

La magnitud de la operación y el número de víctimas reavivan el debate sobre las tácticas de seguridad en áreas urbanas marcadas por la penetración de redes criminales y la precariedad de servicios públicos. Organizaciones de derechos humanos han señalado con anterioridad la necesidad de investigar procedimientos policiales en zonas populares, así como de fortalecer políticas integrales que combinen prevención, inteligencia y garantía de derechos para reducir la violencia estructural que atraviesa a muchas favelas brasileñas.

En las próximas horas se esperan comunicados oficiales que detallen las identidades de las víctimas, el avance de las investigaciones y las medidas que adoptarán las autoridades para estabilizar la seguridad en la zona y atender a las comunidades afectadas por el operativo.