Tensión regional: seis buques de guerra estadounidenses llegan al Caribe para presionar a Maduro
La operación militar estadounidense mencionada constituye la intervención de mayor envergadura desde la invasión a Panamá en 1989, destinada a derrocar la dictadura de Manuel Noriega.
Estados Unidos y Venezuela atraviesan un período de tensión geopolítica que recuerda, en intensidad retórica y despliegue militar, a una nueva fase de guerra fría regional. En los últimos días, la administración de Donald Trump ordenó el envío al Caribe —a aguas internacionales frente a las costas venezolanas— de una fuerza naval anfibia y de combate que incluye seis buques de guerra, entre ellos tres destructores de la clase Arleigh Burke equipados con el sistema Aegis y capacidad para portar misiles tierra‑aire y de crucero Tomahawk.
La operación prevé la llegada del grupo anfibio Iwo Jima: el buque de asalto USS Iwo Jima, el transporte anfibio USS San Antonio y el buque de desembarco USS Fort Lauderdale, que, en conjunto, pueden embarcar miles de efectivos y medios. Según fuentes militares, el despliegue incluye a la Unidad Expedicionaria de Marines número 22 y transporta cerca de 4.500 militares, junto con 2.200 infantes de marina adicionales.
El Pentágono ha difundido imágenes que sitúan al grupo cerca de Curazao, rumbo al límite marítimo venezolano, en el marco de una campaña que el gobierno estadounidense enmarca en la lucha contra los cárteles de la droga en la región.
Desde Caracas, el Ejecutivo presidido por Nicolás Maduro ha calificado el movimiento como una amenaza directa a su continuidad y ha adoptado medidas inmediatas. El ministro de Defensa, Vladimir Padrino, anunció patrullajes con drones, unidades de la Infantería de Marina y buques de la Armada en aguas del noroeste venezolano; asimismo, el régimen informó de la movilización de 15.000 efectivos en tramos de la frontera con Colombia como parte de operaciones antidrogas y lanzó un llamamiento para sumar 4,5 millones de reservistas a la Milicia Nacional Bolivariana.
Estas acciones se entienden como un intento de disuasión y preparación para eventuales incidentes. La presencia estadounidense incluye, además de los buques anfibios, destructores de la flota como el USS Sampson, USS Gravely y USS Jason Dunham. A ellos se suman capacidades aéreas y submarinas: aviones de patrulla P‑8 Poseidon para reconocimiento y guerra antisubmarina, y el desplazamiento anunciado del submarino nuclear USS Newport News, con capacidad de lanzar misiles estratégicos y de realizar operaciones de inteligencia y disuasión. El crucero USS Lake Erie, dotado de misiles guiados, completaría el reforzamiento de la agrupación.
Técnicamente, los destructores Arleigh Burke son plataformas multipropósito con misiles Tomahawk para ataque terrestre, sistemas de defensa aérea Aegis y capacidades antisubmarinas y antimisiles. Los buques anfibios —en particular el Iwo Jima, de tamaño comparable a un portaviones medio— poseen capacidad para transportar centenares de soldados y decenas de aeronaves de ala rotatoria y de despegue vertical, lo que facilita operaciones de desembarco y proyección de fuerza.
Washington sostiene que la orden presidencial que autoriza al Departamento de Defensa a emplear recursos militares contra organizaciones delictivas catalogadas como terroristas —incluyendo a la Mara Salvatrucha y estructuras venezolanas como el llamado Cartel de los Soles o el Tren de Aragua— requiere este tipo de presencia para combatir el narcotráfico transnacional. El gobierno estadounidense ha vinculado además a figuras del alto mando venezolano con esas organizaciones, lo que explica en parte la dureza de su mensaje y la escala del despliegue.
La lectura desde Caracas es radicalmente opuesta: lo perciben como una agresión que amenaza la soberanía y la estabilidad interna, y que podría justificar respuestas militares o la movilización de fuerzas más amplias. La evidente asimetría de capacidades entre ambas armadas —y la superioridad tecnológica y logística de la Marina de Estados Unidos— subraya la vulnerabilidad del régimen venezolano ante un conflicto convencional, aunque la comunidad internacional también advierte sobre los riesgos de escalada y las implicancias humanitarias y diplomáticas de una confrontación.