La administración de Donald Trump autorizó de manera secreta a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) a llevar a cabo operaciones encubiertas en Venezuela, según confirmaron funcionarios estadounidenses. La medida intensifica la campaña de presión de Washington contra el mandatario Nicolás Maduro, a quien el gobierno norteamericano considera un líder autoritario.

La autorización representa un nuevo paso en la estrategia de la Casa Blanca. En las últimas semanas, el Ejército de Estados Unidos ha atacado embarcaciones frente a la costa venezolana que, según sus informes, transportaban drogas, con un saldo de 27 muertos. En privado, altos funcionarios reconocen que el objetivo final es forzar la salida de Maduro del poder.

La nueva disposición permite a la CIA ejecutar operaciones letales en territorio venezolano y ampliar sus acciones en el Caribe. Las operaciones podrían desarrollarse en solitario o coordinarse con una intervención militar más amplia. No obstante, se desconoce si la agencia está planificando acciones concretas o si la autorización funciona como una medida de contingencia.

La decisión coincide con los planes del Pentágono para una eventual escalada militar. Fuentes militares señalaron que el Ejército estadounidense evalúa distintas opciones, incluidos ataques directos dentro de Venezuela. Actualmente, Washington mantiene un importante despliegue en la región: unas 10.000 tropas en bases de Puerto Rico, un contingente de marines en buques anfibios y una flota compuesta por ocho barcos de guerra y un submarino en el Caribe.

Las nuevas facultades fueron otorgadas mediante un documento conocido como “hallazgo presidencial” (presidential finding), un tipo de autorización altamente clasificada. Varios funcionarios que accedieron al texto bajo condición de anonimato confirmaron su existencia.

Estados Unidos anunció que hundió otro barco con "narcoterroristas" cerca de Venezuela

Trump ordenó recientemente el fin de las conversaciones diplomáticas con el régimen de Maduro, frustrado por la negativa del mandatario venezolano a abandonar el poder y por su supuesta implicación en el narcotráfico.

Históricamente, la CIA ha mantenido margen de cooperación con gobiernos latinoamericanos en materia de seguridad e intercambio de inteligencia, pero sin autorización para realizar acciones letales directas. La actual estrategia hacia Venezuela fue diseñada por el secretario de Estado, Marco Rubio, con el apoyo del entonces director de la agencia, John Ratcliffe, con el objetivo explícito de derrocar al mandatario bolivariano.

Ratcliffe, quien había prometido un enfoque “más agresivo”, afirmó durante su audiencia de confirmación que haría de la CIA una institución menos adversa al riesgo y más dispuesta a ejecutar misiones encubiertas ordenadas por el presidente, “yendo a lugares a los que nadie más puede ir y haciendo cosas que nadie más puede hacer”.

Ni la Casa Blanca ni la CIA quisieron realizar comentarios sobre la autorización. Estados Unidos mantiene además una recompensa de 50 millones de dólares por información que conduzca al arresto o condena de Maduro por cargos de narcotráfico.

Rubio, también asesor de seguridad nacional de Trump, ha calificado reiteradamente a Maduro de “ilegítimo”, mientras que la Casa Blanca lo describe como un “narcoterrorista”. Washington sostiene que el líder venezolano impidió que el gobierno electo en 2024 asumiera sus funciones y lo acusa de beneficiarse del comercio de drogas, aunque esas afirmaciones han sido cuestionadas por informes internos de las propias agencias de inteligencia.

La administración Trump también aseguró que Maduro controla al grupo criminal Tren de Aragua, aunque evaluaciones de inteligencia contradicen esa conclusión. Pese a la escasa justificación legal pública, el expresidente notificó al Congreso que Estados Unidos mantiene un conflicto armado con cárteles de la droga considerados “organizaciones terroristas”, cuyos ataques “constituyen una agresión armada contra el país”.

Los hallazgos presidenciales son documentos confidenciales que suelen renovarse entre administraciones y cuyo contenido rara vez se divulga. Solo un grupo reducido de legisladores recibe informes sobre ellos, pero no puede hacerlos públicos, lo que complica la supervisión parlamentaria de las operaciones encubiertas.

Mientras que las operaciones militares, como los ataques a embarcaciones, se anuncian oficialmente, las acciones de la CIA permanecen en secreto. Algunas, sin embargo, se revelan más tarde, como ocurrió con la misión en la que un equipo de Navy SEALs mató a Osama bin Laden en 2011.

Durante años, la CIA ha incrementado su papel en la lucha antidrogas en la región. Gina Haspel, directora durante la primera administración Trump, reforzó las operaciones en México y América Latina. Más tarde, bajo la dirección de William J. Burns en el gobierno de Biden, la agencia amplió el uso de drones para detectar laboratorios de fentanilo, iniciativa que Ratcliffe había impulsado previamente.

El nuevo “hallazgo” es, en parte, una extensión de esa política, aunque el historial de la CIA en América Latina es controvertido. Entre sus antecedentes figuran el golpe contra Jacobo Árbenz en Guatemala (1954), la fallida invasión de Bahía de Cochinos (1961), los intentos de asesinato contra Fidel Castro, el apoyo a conspiradores que mataron a Rafael Trujillo en República Dominicana, la injerencia en el golpe de 1964 en Brasil, la muerte del Che Guevara en Bolivia y el respaldo a la contra nicaragüense durante la década de 1980.