En Katmandú, la violencia escaló en los últimos días hasta convertir en cotidiano lo inesperado: incendios, saqueos y escenas de humillación que atraviesan la capital. Las protestas, que estallaron tras la decisión del Gobierno de bloquear 26 plataformas de redes sociales, se multiplicaron y derivaron en una crisis política y social más amplia, con reclamos que ya superan el origen inmediato del conflicto. 

En las últimas horas se registraron dos hechos que profundizaron la conmoción pública. Rajyalaxmi Chitrakar, esposa del ex primer ministro Jhala Nath Khanal, fue asesinada tras ser quemada viva en su propia casa, de acuerdo con reportes locales. El episodio, de extrema crueldad, avivó la indignación y el temor entre la población. En paralelo, imágenes y testimonios difundidos por medios nepalíes señalan que manifestantes obligaron al ministro de Economía a entrar semidesnudo a un río, un acto de degradación pública que subraya el carácter caótico y punitivo que tomaron algunas movilizaciones. 

Las protestas, que se iniciaron como respuesta al bloqueo de redes sociales, se transformaron rápidamente en un movimiento con denuncias más amplias contra la gestión gubernamental, entre ellas acusaciones de corrupción. Cientos de manifestantes irrumpieron en el Parlamento y lo prendieron fuego el martes, lo que marcó un punto de inflexión y confirmó que el conflicto había dejado de ser una disputa por la libertad de expresión para convertirse en un cuestionamiento generalizado al poder. 

Ante la presión social y la escalada de hechos violentos, el Gobierno dio marcha atrás y levantó el bloqueo de las plataformas; además, hubo renuncias en distintos cargos. Sin embargo, esas medidas no alcanzaron para contener las protestas: la movilización se expandió y la exigencia de cambios institucionales y de rendición de cuentas se hizo más visible y transversal. 

La situación en Nepal plantea varios desafíos inmediatos: garantizar la seguridad de la población y de figuras públicas, investigar los crímenes cometidos durante las protestas, restablecer la confianza en las instituciones y abrir canales de diálogo que permitan abordar las denuncias de corrupción y otras demandas ciudadanas. El riesgo de que episodios de violencia extrema y humillación pública se normalicen preocupa tanto a la comunidad nacional como a observadores internacionales. Mientras tanto, en las calles de Katmandú persiste un clima de incertidumbre y tensión: las llamas en el Parlamento y las imágenes de violencia no solo simbolizan la crisis actual, sino que también ponen en evidencia la fragilidad de un proceso político que ahora deberá buscar salidas políticas y judiciales para evitar una mayor desestabilización.