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Sociedad

19/09/2020

Roberto Toledo realiza un análisis sobre la situación de YMAD

El abogado José Roberto Toledo, uno de los delegados de la UNT en el ente Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD), considera no sólo que el sueño de la Ciudad Universitaria se mantiene vigente, sino que nada de lo que se ha hecho modificando los objetivos de la ley 14.771,de creación de YMAD, tiene validez. “Esa ley convenio, por su naturaleza, no puede ser modificada sin acuerdo de las partes, por los mismos procedimientos y caminos en que fue sancionada”, dice. Y a eso se va a encaminar la estrategia, arma, ahora que el Consejo Superior ha creado una comisión para estudiar los aspectos legales, económicos y ambientales del acuerdo firmado por YMAD en 2019 para llevar a cabo el emprendimiento minero Agua Rica.

-Con YMAD la UNT tiene una larga frustración…

-Esto me hace acordar una anécdota: a mí me gusta mucho viajar; he trabajado toda mi vida para viajar, por eso no tengo ni una maceta de tierra, de alguna manera. En Egipto hice un crucero por el Nilo; realmente es increíble. Llegamos a una de las paradas, a Asuán, abajo del Nilo y ahí está el obelisco inacabado. Más allá de las pirámides, este obelisco es el más paradigmático de las grandes creaciones de los egipcios porque prueba cómo trabajaban con métodos absolutamente ingeniosos hace 4.000 o 5.000 años; cómo podrían hacer un obelisco de 42 m de largo en granito,
levantarlo y transportarlo con 1.300 toneladas de peso. ¿Por qué es inacabado? Porque le apareció una grieta y ya no tenía sentido pretender elevarlo porque se iba a quebrar en algún momento. Entonces, lo dejan inacabado. Recordando este obelisco, me trae reflexión de que nosotros somos el país inacabado, de no terminar nunca las cosas y los objetivos; somos el país de los bandazos de un lado a otro. Tenemos inacabada la arquitectura constitucional. Todavía no somos una república, todavía no somos democracia, no somos federalistas; no hicimos nada de lo que mandó hacer la Constitución; estamos inacabados desde el punto de vista institucional; estamos inacabados desde el punto de vista económico porque seguimos con las viejas recetas, dando vueltas, siempre en
involución.

-Pero además parecemos estar poniendo siempre trabas a las cosas. En el caso de YMAD, la ley establecía que debía destinarse el 40% de las regalías mineras para construir la Ciudad Universitaria; en 2008 el ex rector Juan Cerisola armó un acta con YMAD declarando concluida la Ciudad Universitaria y con ello les dio otro destino a las regalías mineras. Pero el acta fue declarada nula por el Consejo Superior y ahora eso se debate en la justicia federal de Catamarca…

-Bueno, la Ciudad Universitaria es un obelisco inacabado. Es otra prueba evidente de que no hemos podido hacer las cosas claras. El artículo 18 de la ley 14.771 dice: el 40% hasta terminar la Ciudad Universitaria conforme planos aprobados. No es una entelequia, una abstracción, una indeterminación. La ley lo dice claramente: la magnitud, la cuantía, la cualidad del crédito; es una cosa única desde el punto de vista del derecho. Hay una ley que da un crédito que tiene inequívoca e indubitable determinación. Es una ley con causa; esos planos no son nada más y nada menos que la Ciudad Universitaria inacabada, inconclusa, de Horco Molle y estudiantes del NOA, que fue el proyecto de obra pública de Tucumán del Siglo XX, porque era la ciudad universitaria más grande de Latinoamérica en su concepción.

-Pero el problema surgió cuando llegaron, muchos años después, las regalías mineras. ¿Ya no hubo voluntad para concluir la ciudad como estaba diseñada?

-Si usted tiene una ley que dice “el 40% de las utilidades” y ese crédito va a existir hasta que usted haga su casa en terreno conforme los planos que forman parte de la ley, ¿qué más podemos pedir? Está clarísimo. No puede ser modificado ni por voluntad del rector ni por voluntad del Consejo Superior siquiera. La ley 14.771 es una ley singular, una ley convenio. No proviene como una ley formal ordinaria de la voluntad del Congreso de la Nación, sino que es fruto de una transacción, de un acuerdo que dirime un conflicto entre la provincia de Catamarca y la Universidad Nacional de Tucumán. Esa ley convenio por su naturaleza no puede ser modificada sin acuerdo de las partes, por los mismos procedimientos y caminos en que fue sancionada, es decir por consenso, con intervención arbitral del Gobierno nacional y con ratificación del Congreso de la Nación. Hay un principio que se llama paralelismo de la forma y de la competencia, que dice que la forma y modo en que se genera un acto obliga a que esté determinada la forma y modo en que se modifica ese acto. No podía haber sido modificado razón por la cual sostengo absolutamente que el derecho de la Universidad a construir su Ciudad Universitaria en su concepción originaria está inacabado.

-Una nueva mirada argumental…

-Una mirada revolucionaria, porque damos vuelta todo. ¿Qué hemos estado discutiendo?

-¿O sea, no es dar de baja el acta, que es lo que se ha planteado judicialmente en Catamarca, sino volver al principio de la ley? 

-No importa esa acta. Claro, tenemos que juntarnos con Catamarca y arreglar por el mismo procedimiento que hemos arreglado la restitución de los derechos y cómo seguimos.

-Bueno, está claro que Catamarca es minería, quiere la minería, y la Universidad es como una especie de problema para ellos…

-Seguro, ellos invocan otras cosas, la Constitución nacional, para argumentar que las minas son propiedad de la provincia. Ellos dicen que la situación jurídica ha cambiado, que son los únicos propietarios, que qué tiene que hacer la UNT ahí. Bueno, si repasamos un poco la historia, hay un Abel Peirano, que descubrió los yacimientos; hay un Abel Peirano que registra sus derechos de la explotación (existe el derecho al usufructo); hay una Universidad que invierte millones de pesos de esa época en la exploración de los yacimientos y que acentúa todos los descubrimientos con plata de la Universidad. Esto es así y la historia es tan fuerte que el primer ente que crea la Nación se llama Yacimiento Minero de la Universidad Nacional de Tucumán. En esto se engarza Peirano, cediendo los derechos a la UNT, con (Horacio) Descole, y el gran sueño universitario de Tucumán de la Ciudad Universitaria. Es una sinergia positiva. Ahí es donde se juntan; dice: señores,
vamos a hacer la Ciudad Universitaria y la vamos a hacer con la plata de la minería.

Por supuesto que Catamarca reacciona airadamente -estamos hablando de 1958- y empiezan las puebladas, los reclamos por propiedad y entonces interviene la Nación como árbitro. Este es el origen de la famosa acta de Farallón Negro de 1958.

Por eso decimos que es una transacción, una ley convenio, se hizo así: “señores, arreglemos esto. ¿Vos sos el propietario de la mina? Bueno, tenés derecho a un 60% y yo, que soy el explotador, tengo derecho a un 40% y ese derecho del 40% lo voy a tener hasta que termine la Ciudad Universitaria, que estaba inacabada conforme a los planos ya aprobados”. Los actos realizados hace unos años dando por concluida la Ciudad Universitaria, aparte de la eventual incompetencia que haya tenido el rector, son absolutamente nulos porque estaban en contra de la ley de orden público.

-¿Se podrá volver al objetivo de la ley?

– Digo que este sueño de Descole era magnífico. Una ciudad universitaria que si uno ve a Peirano , y ve las cosas que estaban incubándose, representaba una revolución que ponían a la UNT a la altura de los mejores campus del mundo. Ese es el sueño, que tenemos que terminar, así como los mandatos históricos. No podemos seguir siendo un país inacabado, desgarrado, que únicamente acentúa las divisiones.

– La UNT ahora debate si debe seguir con la minería.

-Bueno en este contexto el Consejo Superior, que el 5 de noviembre había dicho “rechazamos el acuerdo por Agua Rica, todo está mal”, pidió esta comisión, que es la que tiene que decir si está todo mal o no. Creo que hay que ir hasta el fondo del asunto. Lo que está mal, está mal y lo que está bien está bien, como tiene que ser en la vida.

-¿Qué pautas tiene la comisión?

-Tiene 30 días hábiles. Pautas, ninguna, excepto las razones y fundamentos de la resolución del Consejo Superior del 5 de noviembre, que se expidan sobre los mismos. Es una comisión de expertos de gran nivel cada uno en lo suyo, que muestra que la meritocracia es la base de la universidad. No han elegido a aplazados ni oportunistas por razones políticas para integrar esta
comisión. Se ha elegido a los mejores exponentes de cada rama. Las mejores mentes universitarias, una idea de cómo es la radiografía que hay que hacer en esta situación particular con Agua Rica; si el negocio, o no, tiene fallas jurídicas, legales, si no es conveniente desde el punto de vista financiero y eventualmente si respeta o no los cánones básicos de medio ambiente. Sobre esto tiene que expedirse la comisión, y luego se debatirá y si se lo aprueba y se actuará en consecuencia.

-¿Usted y el otro delegado, Domingo Marchese, han tenido contacto con el directorio de YMAD?

– Virtualmente hemos tenido reuniones de directorio, pero por cuestiones administrativas normales, no por esto. Esto lamentablemente es un tema que hay que solucionarlo porque ahora viene la reunión de directorio donde se van a poner en consideración, por ejemplo, los balances y donde evidentemente yo, al no haber intervenido en las gestiones anteriores y por el mandato del Consejo Superior, tendré que hacer reservas absolutas sobre el balance, porque ahí ya hay algún ingreso como principio de ejecución, del cuestionado contrato con Agua Rica. Es decir voy a pedir eventualmente que cualquier ingreso en ese sentido se reserve porque todavía no sabemos qué van a determinar las comisiones y en definitiva qué posición va a adoptar la Universidad mediante la expresión de voluntades del Consejo Superior.

Comisión: revisará el acuerdo por Agua Rica

En su sesión del martes 8, el Consejo Superior de la UNT creó una comisión de expertos para analizar desde distintos aspectos disciplinares el Memorándum de Entendimiento rmado en abril de 2019 y los contratos de ampliación del objeto de la UTE y los contratos derivados de este, aprobados por el acta de directorio de YMAD del 03/10/19, en relación con la futura explotación minera de Agua Rica. La comisión está formada, en el área legal, por Pedro Daniel Cagna, Luis Alfredo López y Julio Rougés; en el área Económica-financiera, por Alejandro Danón, Víctor Daniel Iajya y Adolfo Jorge Rospide; y en área Medio Ambiente y Sociocultural, por Mario César Alderete, Patricia Arenas, Álvaro Javier Bravo y Roberto Lencina. Deben expedirse en 30 días hábiles.

Fuente: La Gaceta