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Domingo 17/10/2021
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Economía

17/09/2021

Los aumentos de luz y gas que vienen

Desde Economía estimaron que los subsidios a las tarifas de servicios públicos alcanzarán al 1,8% del PBI, pero que este porcentaje podría reducirse en un 0,3 por ciento

El presupuesto apuesta a reducir subsidios con segmentación

En el año 2020 se mantuvo el congelamiento de las tarifas de los servicios públicos —la electricidad en el AMBA y el gas a nivel nacional— y en 2021 hubo aumentos menores a los dos dígitos: 6% para el gas y un 9% para la electricidad. ¿Qué pasará en 2022? En la presentación del Presupuesto, desde el Ministerio de Economía estimaron que los subsidios a las tarifas de servicios públicos alcanzarán al 1,8% del PBI, pero que este porcentaje podría reducirse en un 0,3% una vez que se implemente un esquema de segmentación de subsidios de acuerdo a los ingresos.

Esta reducción implica un aumento de las tarifas para el año próximo. Con todo, el proyecto de Ley de Presupuesto 2022 presentado al Congreso no tiene detalles sobre el nivel de incrementos previstos. El detalle sobre los subsidios al consumo de energía eléctrica y de gas (que incluye la garrafa social) se incluyó en el rubro “Políticas de Ingresos”, junto a asignaciones familiares; subsidios al transporte automotor de pasajeros; políticas alimentarias, con un total de $1.829.160 millones, lo que representa el 3% del PBI y es el tercer rubro en orden de relevancia relevancia presupuestaria.

Con respecto al subsidio a la demanda de gas natural y gas licuado de petróleo, el Presupuesto 2022 proyecta realizar las “acciones necesarias” para profundizar la tarifa social de gas natural y propano indiluido por redes y ampliar el universo de beneficiarios con bajos recursos económicos, incluyendo también otros actores de la sociedad civil como clubes de barrio y de pueblo, empresas recuperadas y cooperativas.

Según el detalle, el subsidio a hogares de bajos recursos (sin servicios de gas por redes) alcanzará a 3 millones de hogares.

Para el año 2022 se proyecta destinar $28.972,9 millones en concepto de transferencias corrientes, con el objeto de financiar, compensaciones tarifarias para la Región Patagónica, al Departamento Malargüe de la Provincia de Mendoza y la Región conocida como “Puna”, que las distribuidoras o subdistribuidoras zonales de gas natural y gas licuado de petróleo de uso domiciliario, deberán percibir por la aplicación de tarifas diferenciales a los consumos residenciales. Asimismo se contempla la ampliación del beneficio establecido por la Ley de Régimen de Zonas Frías (Ley N° 27.637).

La propuesta de segmentación de las tarifas, por la que cada usuario pasaría a pagar por los servicios públicos de gas y electricidad de acuerdo con su rango de ingresos, había arrancado con fuerza a comienzos de año e incluso fue uno de los temas anunciados por el presidente Alberto Fernández en marzo, durante la apertura de las sesiones del Congreso. Sin embargo, la complejidad de implementar esquemas de tarifas diferenciadas y las “internas” entre los funcionarios del área demoraron su avance.

Una de las dificultades para implementar tarifas segmentadas es determinar previamente quién está realmente puertas adentro de cada uno de los hogares que recibe un subsidio. En el sector servicios no siempre el titular identificado es el que vive en ese domicilio: la gente alquila, se muda, vende una propiedad y modifica su domicilio pero no siempre esos cambios se ven reflejados en la titularidad de los servicios.

Durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se intentó aplicar un esquema de segmentación, al que se definió como “sintonía fina”. A fines de 2011, dejaron de recibir facturas subsidiadas de gas, electricidad y agua las personas con domicilio en los barrios más caros de la ciudad de Buenos Aires (Recoleta, Puerto Madero, el corredor de Libertador) y el área metropolitana, countries y barrios cerrados. También se abrió un registro voluntario para los usuarios que quisieran renunciar al beneficio. Pero finalmente no se avanzó mucho más allá.

Ahora, la segmentación prevista podría ser mucho más amplia y apelar a diferentes indicadores, no solo la zona de residencia. La idea es tomar la mayor cantidad de datos que el Estado tiene disponible a través del Sintys (Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social), Anses, AFIP y el Banco Central, pero con las dificultades de no violar los secretos fiscal y bancario y que luego esa información llegue empresas privadas.

Las mayores dificultades para segmentar parecen por ahora no estar en los sectores socioeconómicos más bajos, donde se puede apelar a la información de Anses sobre jubilados o quienes reciben AUH o planes sociales. En el sector medio y alto, las variables a considerar pueden ser más amplias, se cuentan con datos de los trabajadores en relación de dependencia, monotributistas y responsables inscriptos, pero en segmento de mayores ingresos también hay mucha informalidad.

Históricamente, en la época de mayores subsidios a la energía eléctrica, el usuario pagaba un 15% mientras que el Estado se hacía cargo del 85 por ciento. Hoy las estimaciones del sector señalan que se paga va entre el 30% y el 40% del costo total de la tarifa de energía eléctrica y el 65% en el caso del gas. Aunque en este caso, la red de gas alcanza solo a un 60% de la población.

Fuente: Infobae