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Política

29/05/2021

Jaldo defendió a Banda del Río Salí y apuntó contra el fiscal Leguizamón por "exceso de atribuciones"

El fiscal Marcelo Leguizamón citó a declarar a concejales de Banda del Río Salí por la firma de un decreto para flexibilizar actividades y permitir a los comercios “no esenciales” abrir sus puertas en el municipio.

Bajo la caratula de "autores desconocidos sobre violación de medidas contra epidemias (artículo 205)", el MPF pidió a Ramón Antonio Radin, intendente interino debido a que Darío Monteros se encuentra contagiados y aislado por coronavirus, que de explicaciones sobre el decreto municipal. Juntos a Radin, los concejales Miguel Ángel Diosquez Dupuy, Julio Ernesto Rocha, Miryam Elizabeth Soraire, Mario Ángel Aguirre y Jorge Antonio Flores fueron citados a declarar el próximo lunes.

Debido a esta situación, el vicegobernador Osvaldo Jaldo apuntó contra el fiscal Leguizamón por un “gravísimo exceso de atribuciones”: “el fiscal actuó como en la época del proceso, de un gobierno de facto, atropellando a las instituciones de la democracia, y a quienes fueron elegidos por la voluntad popular y no fueron puestos a dedo ni sugeridos por padrino alguno. El fiscal Marcelo Leguizamón ha incurrido en gravísimo exceso de atribuciones pretendiendo ejercer contralor sobre decisiones políticas tomadas por un Cuerpo Legislativo Municipal".

Jaldo aseveró que los Concejos Deliberante son los encargados de reglamentar el funcionamiento de los establecimientos comerciales e industriales y adoptar las medidas que garanticen la salud de la población. Para el vicegobernador, los municipios son los que conocen las necesidades de sus vecinos y mantienen una autonomía política, administrativa, económica, financiera e institucional consagrada en la constitución.

El intendente de Banda del Río Salí, Darío Monteros, apuntó contra el fiscal Marcelo Leguizamón, a quien consideró incurso en causales que a su entender, justifican que se le abra un proceso de destitución en la comisión de Juicio Político de la Legislatura.

Monteros definió la actitud del fiscal como “un atropello a las instituciones” y “a la autarquía municipal”, que nunca había visto hasta la fecha desde que comenzó su actividad política como concejal en 1995.