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Economía

05/08/2021

El Gobierno amplió el Presupuesto 2021 en más de $708.000 millones para pagar aumentos de salarios y asistencias

A través del Decreto de Necesidad y Urgencia 489, el Poder Ejecutivo dispuso la octava suba de las pautas de gastos y recursos para el corriente año.

El Boletín Oficial de este jueves publicó como primera medida el Decreto de Necesidad y Urgencia 489 que consta de dos Anexos, el primero con el detalle de las modificaciones presupuestarias para el resto de 2021 en 716 planillas, principalmente ampliaciones, con la firma del presidente Alberto Fernández y de todo el cuerpo de ministros del Poder Ejecutivo Nacional.

Respaldado por el cobro del denominado “impuesto inflacionario”, resultante de la subestimación de la previsión de ingresos y la aceleración del ritmo de aumento de los precios, al punto que en los primeros 7 meses de 2021 se alcanzó la meta fijada para todo el año, el Gobierno nacional dispuso la octava modificación presupuestaria del año.

Según los datos procesados por Infobae se trata de la elevación de la previsión de recursos corrientes y de capital en $684.811millones, equivalente a unos 15 días hábiles de recaudación a cargo de la AFIP, y de la ampliación de la autorización de gastos para todo el año en $708.281 millones. De ahí surge un aumento del déficit fiscal esperado en $23.470 millones.

Detalle del aumento de las partidas

En los considerandos del DNU 489 se destaca: “Resulta necesario incrementar los créditos presupuestarios para incorporar el impacto de las mejoras en las remuneraciones dispuestas por normas legales durante el presente año”, así como adecuar las partidas de gastos de las diferentes jurisdicciones para permitir el avance de obras y la atención de gastos vinculados con la extensión de la crisis sanitaria del COVID-19.

Sobresalen las siguientes ampliaciones de partidas para ejecutar en el resto del año, en particular en el trimestre previo a las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias, como parte de las “políticas activas” que el Poder Ejecutivo comenzó a implementar para revertir la desaceleración que acusó la actividad económica en los últimos meses:

1) Fondo de Afectación Específica para la Recuperación, la Producción y el Desarrollo Argentino, Ministerio de Trabajo: $184.809 millones. “Con el fin de incorporar saldos remanentes del Préstamo BIRF 8464/AR ‘Proyecto de Fomento del Empleo para Jóvenes’, y reforzar la partida destinada a la Anses para el “pago de Prestaciones Previsionales y de las Asignaciones Familiares con el fin de incorporar el impacto de la fórmula de movilidad allí establecida”, cuyo próximo ajuste se aplicará desde el 1 de septiembre.

2) Asistencia Financiera a Empresas Públicas, Ministerio de Economía: $136.496 millones, para “garantizar el sostenimiento del mercado mayorista eléctrico y para permitir el avance de las obras de infraestructura en centrales hidroeléctricas, es menester adecuar el presupuesto vigente de la Secretaría de Energía, e incrementar las transferencias con destino a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima (Cammesa) y al Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica; así como adecuar el presupuesto para la Comisión Nacional de Energía Atómica.

3) Promoción y Asistencia a Espacios de Primera Infancia, Ministerio de Desarrollo Social: $96.100 millones, “con el fin de atender acciones en el marco de las Políticas Alimentarias y las Acciones del Programa Nacional de Inclusión Socio- Productiva y Desarrollo Local – Potenciar Trabajo”.

4) Administración de Beneficios Previsionales Servicio Penitenciario Federal Ministerio de Seguridad: $31.512 millones; y Ministerio de Defensa, también para prestaciones de Previsión Social vinculadas al “pago de retiros y pensiones militares”, $20.348 millones.

5) Gestión y Asignación de Becas a Estudiantes, Ministerio de Educación: $30.367 millones, “con el fin de atender gastos derivados de la aplicación de la política salarial en los sectores docentes y no docentes de las Universidades Nacionales”.

6) Interceptación y Captación de las Comunicaciones, Poder Judicial: $22.126 millones “para afrontar las necesidades operativas del Consejo de la Magistratura y de la Corte Suprema de Justicia”.

7) Mantenimiento de Obras de Arte en 18° Distrito - Chaco, Ministerio de Obras Públicas: $21.026 millones.

8) Servicio de Investigación de Delitos Complejos y Operaciones Antidrogas, Gendarmería Nacional, Ministerio de Seguridad: $18.759 millones.

9) Sostenimiento Operacional, Estado Mayor General del Ejército Argentino, Ministerio de Defensa: $17.980 millones.

10) Asistencia Social, Tesorería: $14.560 millones.

11) Prevención y Control de Discapacidades, Presidencia: $13.951 millones; “destinados a la atención médica de los pensionados y las pensionadas no contributivos y no contributivas”.

12) Servicios de Informática y Comunicaciones, Policía Federal, Ministerio de Seguridad: $12.574 millones.

13) Funcionamiento Hospital de Alta Complejidad del Bicentenario Esteban Echeverría, Ministerio de Salud: $9.605 millones.

El resto de las partidas se redistribuyen entre otras 75 jurisdicciones de la Administración Central, Poder Legislativo y Poder Judicial.

Ejecución presupuestaria

Con estas ocho modificaciones del Presupuesto 2021 original, se pasó de una autorización de gastos de $8,39 billones a $9,4 billones, de los cuales se llevaba ejecutado al 2 de agosto partidas por $5,09 billones y pagado por $4,6 billones.

Del lado de los recursos, la previsión subió de $7,1 billones a casi $7,8 billones, de los cuales al lunes último habían ingresado a la Administración Central $4,37 billones.

Dado el carácter expansivo del gasto en el año electoral, los economistas del sector privado proyectan un segundo semestre más deficitario en las finanzas públicas que en el primero, así como nuevas ampliaciones de las partidas de gastos autorizadas, por la conjunción del esperado impuesto inflacionario derivado de la subestimación inicial del aumento de los precios, y del desborde respecto del monto original de las erogaciones vinculadas con la movilidad jubilatoria, como las asignaciones familiares, principalmente.

Y frente a la baja estacional de los recursos tributarios en términos reales, se prevé que el aumento del déficit fiscal será financiado con más asistencia del Banco Central e incremento de la deuda pública de la Administración Central con el sector privado local.

Sin duda se trata de una dinámica contraria a las recomendaciones de los economistas del FMI que aconsejan comenzar a transitar un camino de austeridad fiscal, por el giro que tomará la economía mundial a medida que tienda a revertirse la crisis sanitaria.

Fuente: Infobae