El oficialismo formalizó el pedido de juicio político a la Corte
Luego de que el Poder Ejecutivo convocara ayer a sesiones extraordinarias en el Congreso hasta el 28 de febrero, el oficialismo en la Cámara de Diputados formalizó esta mañana la presentación del pedido de juicio político a la Corte Suprema. En la iniciativa, los legisladores del Frente de Todos piden que se cite a los cuatro jueces del máximo tribunal: Horacio Rosatti –su presidente-, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.
Era una medida que se sabía que podrían promover, pero no lo presentan como una posibilidad una vez avanzado el proceso, sino que lo piden como el resto de las medidas a tomar, lo que siguiere que podrían intentarlo tan pronto empiece el proceso. De ser citados, los jueces de la Corte no están obligados a asistir.
El proyecto pide también que sean citados “todos los directores, secretarios, funcionarios y/o empleados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que hayan tenido intervención y/o pudieran aportar datos de interés respecto de los hechos denunciados”. En total son 48 testigos.
El proyecto, que ingresó esta mañana al Parlamento, podría ser tratado durante el período de sesiones extraordinarias que se extenderá del 23 de enero al 28 de febrero, según el Decreto 17/2023.
Anoche, el Poder Ejecutivo publicó la convocatoria a sesiones extraordinarias, en cuyo temario está incluido el pedido de juicio político a los miembros de la Corte. Asimismo, se insistirá con la ampliación del máximo tribunal y con el pliego de Daniel Rafecas para la Procuración.
La designación de Rafecas como Procurador General de la Nación es un asunto que viene en agenda desde hace algún tiempo, así como también las solicitudes de juicio político a los integrantes de la Corte.
El proyecto ya ingresó al Parlamento y espera que le asignen número de expediente
El pedido de juicio político, encabezado por el diputado Eduardo Valdés y suscripto por una docena de legisladores del Frente de Todos, no solo incluye las acusaciones contra la Corte que anticipó el presidente Alberto Fernández; además, se agregan nuevas denuncias a ser investigadas, entre ellas, una sobre el manejo de la obra social del Poder Judicial, un área que estuvo bajo la órbita de Maqueda. También se incorporó como nueva acusación el fallo “Muiña” por el cual los jueces de la Corte dispusieron que en casos en los que se juzgan crímenes de lesa humanidad resulta aplicable la ley conocida como “2 por 1″.
El pedido de juicio político incluye además un capítulo de prueba “documental” en el que solicita, sobre todo, que la comisión se haga de los fallos de la Corte y las acordadas en las que basa su acusación contra los jueces, y uno de prueba “informativa”, que en su séptimo punto incluye un pedido que todo indica que generará polémica: pide que “se le de intervención a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco) y/o organismo que se entienda competente, en los términos que la Comisión lo considere pertinente, para establecer llamadas entrantes y salientes de las líneas telefónicas que resulten relevantes a los efectos de la investigación, como así también para informar entrecruzamientos de llamadas, y toda medida de similar naturaleza que aparezca conducente para el esclarecimiento de los hechos”.
