Elecciones suspendidas: Alfaro pide que se resuelva la cuestión de fondo y que se vote en agosto

El intendente de la Capital y presidente del Partido de la Justicia Social, pidió a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que no levante la medida cautelar.
lunes 15 de mayo de 2023
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El intendente de la Capital, Germán Alfaro, pidió formalmente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) que no levante la medida cautelar mediante la que se suspendieron las elecciones hasta tanto haya un pronunciamiento definitivo sobre si el gobernador, Juan Manzur, puede o no ser candidato a vicegobernador. Además, ratificó su postura sobre el adelantamiento de los comicios e insistió en que la Constitución provincial establece que el acto electoral debe realizarse hasta dos meses antes del traspaso de mando; es decir, a partir de la segunda mitad de agosto.

Con el patrocinio de los abogados José Roberto Toledo y Alberto Garay, el líder del Partido por la Justicia Social (PJS) respondió al pedido de levantamiento de la cautelar que suspendió las elecciones, presentado por Fiscalía de Estado. El viernes, la Provincia había formalizado ese planteo ante la CSJN atento a la renuncia de Manzur a su postulación como vicegobernador. Según el Gobierno, esa decisión del mandatario torna abstracta la causa iniciada por Alfaro.
 
En su respuesta, el jefe municipal no sólo disiente con la postura de la Provincia, sino que citó los antecedentes del caso de Santiago del Estero. En esa provincia en 2013, ante una acción declarativa de certeza se dictó pronunciamiento sobre la cuestión de fondo, en referencia a la polémica generada por la postulación de Gerardo Zamora. “Resulta ineludible dictar pronunciamiento sobre la cuestión de fondo”, planteó Alfaro. Esto, dijo, debido a que en su respuesta la Provincia (parte demandada) insistió en la validez constitucional de la interpretación que se dio para habilitar la candidatura de Manzur. “Si volvemos ahora la mirada al extenso escrito de la Provincia de Tucumán, aquí demandada, al producir el informe del artículo 8 de la ley 16.986, ella insiste con particular vehemencia en la constitucionalidad de los textos e interpretaciones de la Constitución de la provincia y en la comprensión de ellos por parte del Superior Tribunal de Justicia provincial. Aquí se llegó aún más lejos que en el precedente citado porque la Provincia de Tucumán interpuso recurso de reposición en contra de la medida cautelar ratificando su postura e intentando criticar -sin éxito- los fundamentos de la cautelar”, justificó el intendente.

Y reforzó su postura: “En suma, tanto la provincia como Manzur mantienen su postura respecto de la constitucionalidad del texto y su interpretación redoblando el yerro en el que según ellos habría incurrido la Corte nacional. Todo ello, a nuestro juicio, muestra claramente que subsiste el interés de las partes por los efectos jurídicos producidos durante el lapso anterior a la comunicación de la renuncia, configurándose -como expresó la Corte- ‘una situación de gravedad institucional que excede el mero interés de los litigantes y afecta de manera directa al de la comunidad desde que se comprometieron instituciones básicas de la Nación’, razón por la cual esta Corte dictó la medida cautelar en tiempo oportuno a fin de preservar el correcto funcionamiento de las instituciones de acuerdo a las leyes que las rigen”.

Sin garantías

En otro tramo de su escrito, Alfaro recordó que Manzur es el titular del Poder Ejecutivo y que es quien debe convocar a elecciones. Y que lo hizo, y volvería a hacerlo, en beneficio propio. “Está visto que a pesar de ocupar ese cargo en representación de todos los tucumanos y tucumanas, ejerce sus potestades institucionales en función de favorecer su fuerza política y, en particular, su proyecto político personal (ejemplo de eso es la propia postulación prohibida, el adelantamiento inconstitucional de las elecciones, el manejo por teléfono de la Junta Electoral Provincial, las manifestaciones públicas de Manzur y (Osvaldo) Jaldo -actual vicegobernador y candidato a gobernador por el partido en el gobierno- en el sentido de que las elecciones se pueden realizar el 21 de mayo o el 28 de mayo, entre muchas otras)”, remarcó. “Con esos antecedentes, ¿quién nos garantiza que de levantarse la medida cautelar antes de pronunciarse la sentencia definitiva el proceso electoral se llevará a cabo de conformidad a lo que dispone la Constitución de Tucumán? ¿Quién nos garantiza que Manzur -que ha pisoteado la Constitución Nacional y Provincial- no insista con presentarse como candidato a vicegobernador porque aún no existe sentencia de fondo? ¿Quién nos garantiza que de levantarse la medida cautelar el propio Manzur no convoque a elecciones para el próximo domingo. 21 de mayo de 2023?”, se preguntó.
 
Según el opositor, la sustitución de Manzur por Miguel Acevedo en la fórmula del Frente de Todos debe contar con un tiempo prudencial para que la sociedad conozca al nuevo postulante. “Se trata de una persona de perfil bajo (como lo destacan todos los medios de prensa) y que la comunidad tucumana desconoce, ello impide el necesario debate público previo que necesita cualquier proceso electoral. Es necesario que el nuevo candidato a vicegobernador se exponga al escrutinio público, que los partidos políticos tengan tiempo para buscar y obtener información sobre el nuevo candidato, de manera de robustecer el debate público y, eventualmente, impugnarlo tempestivamente ante las autoridades electorales y la sociedad”, se explayó sobre el ministro del Interior.

“Dados los antecedentes de las personas involucradas y el manejo autocrático del poder provincial que ellos vienen ejerciendo, resulta verosímil que, en caso de levantarse la cautelar, se convocará a elecciones sin respetar los plazos constitucionales y sin otorgar tiempo suficiente para realizar las eventuales impugnaciones. Lamentablemente, no se puede descartar que Manzur, frente al levantamiento de la medida cautelar y la ausencia de un pronunciamiento de fondo, insista con ser el candidato a vicegobernador”, insistió.

Alfaro también advirtió que está en trámite otra causa por él iniciada mediante la que se cuestiona cualquier convocatoria a elecciones que fije una fecha anterior a los dos meses previos al 29 de octubre de 2023 (fecha en la que se vencen los mandatos actuales). En consecuencia, ratificó, los comicios deberían concretarse el 29 de agosto o en una fecha posterior a esa, “salvo que se decida unificar con los comicios nacionales”.
 
Todos los tucumanos y tucumanas queremos votar, queremos votar en paz. Pero, queremos y necesitamos votar respetando la Constitución Nacional y la Provincial. Queremos vivir y ejercer nuestros derechos cívicos con libertad en una república decente, que se asiente en el respeto irrestricto a la ley y sujeta a la Carta Magna. Lejos de producir un daño -como irresponsablemente le imputa la provincia demandada- la Corte ha impedido la consumación de un escándalo jurídico, de un perjuicio colosal, el más grave que se conciba como lo es el atentar contra el orden constitucional”, concluyó.

Fuente: La Gaceta 

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