Cristina Kirchner se opuso a mandar a juicio la causa por el atentado

Los abogados hicieron la presentación ante la jueza Capuchetti como respuesta a la consulta sobre si deben ser enjuiciados Sabag Montiel, Uliarte y Carrizo.
martes 16 de mayo de 2023

Cristina Kirchner dejó asentado en la causa judicial que investiga su intento de homicidio que no quiere que vayan a juicio los acusados Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Nicolás Carrizo, los tres detenidos por el atentado. En un escrito de casi un centenar de páginas, al que accedió Infobae, la querella sostuvo que el expediente no puede ser elevado a juicio en este momento porque “está pendiente la producción de muchas medidas de prueba sumamente relevantes” y porque no quieren que el caso sea elevado por tramos, ya que, se sostuvo, esa práctica “daña el descubrimiento de la verdad”.

No obstante, la querella dejó abierta la puerta y acusó de cara a un futuro juicio. “Subsidiariamente, para el caso de que se considere concluida la investigación respecto de Carrizo, Sabag Montiel y Uliarte a pesar de la oposición de esta parte, haremos ejercicio de nuestro derecho a acusar, con el fin de mantenerlo para la instancia oral”, señala la presentación firmada por los abogados José Manuel Ubeira y Marcos Aldazabal, que representan a la Vicepresidenta.

El escrito fue entregado hoy a la jueza María Eugenia Capuchetti

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Paralelamente, los querellantes entregaron otro texto que apela la recusación planteada contra el fiscal Carlos Rívolo, al que la querella quiere apartado del expediente. La jueza, a quien la querella también recusó varias veces, rechazó este planteo. CFK buscará revocar ese criterio en la Cámara Federal. Allí, la Sala I también tendrá otra cuestión que resolver: la apelación del fiscal a la decisión de la jueza de no secuestrar el teléfono del diputado del PRO Gerardo Milman.

El atentado ocurrió la noche del 1° de septiembre de 2022. Cristina Kirchner llegaba a su casa, en la esquina de Montevideo y Juncal en el barrio porteño de Recoleta. Allí la esperaban, como desde el día en que el fiscal Diego Luciani pidió su condena a 12 años de prisión por asociación ilícita y defraudación al Estado en la causa vialidad, un nutrido grupo de militantes para saludarla. Sabag Montiel también estaba allí. Se acercó y le apuntó en la cara con una Bersa calibre32, que gatilló al menos una vez. La bala no salió porque no estaba cargada en la recámara. Terminó atrapado por militantes, sin que la custodia de Cristina Kirchner ni ella misma se dieran cuenta de lo que había pasado.

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El domingo 4 de septiembre quedó detenida su novia Brenda Uliarte, cuando personal del juzgado hizo parar un tren para que no escapara. Dos semanas después quedó preso en tribunales Nicolás Carrizo, el llamado jefe de los copitos. El joven había dejado su teléfono como testigo cuando se “despegaba” del atentado, pero sus mensajes terminaron incriminándolo. Desde entonces están todos presos. Sabag y Uliarte, con procesamiento firme como coautores del intento de homicidio calificado; Carrizo como partícipe secundario.

El Ministerio Público Fiscal, que tiene delegada la investigación, entendió que esta parte de la causa estaba completa y pidió opiniones para elevar el caso a juicio oral sobre los tres detenidos, más allá de que después se pueda continuar con otras líneas de investigación como la llamada pista Milman.

A la primera que le tocó opinar fue a la querella. Y lo primero que hizo fue cuestionar a la jueza, en sintonía como lo viene haciendo desde hace meses. “Para comenzar, es necesario dar cuenta del trámite de la causa. El detalle de lo actuado lleva a la conclusión de que aún restan medidas de prueba por producir. Además, permite observar una actuación de la jueza a cargo de la instrucción como mínimo negligente, pero que hasta parece revelar una voluntad obstructiva de la investigación. Como veremos, desde las primeras horas de la instrucción, la magistrada tomó decisiones que obstaculizaron gravemente el descubrimiento de la verdad. A esto se suma el hecho de que la extensión temporal de esta etapa no responde a la producción incesante de medidas pruebas, sino que, en gran medida, es responsabilidad de las injustificables demoras de la jueza en la recolección de elementos de convicción, lo que suscitó engorrosos trámites judiciales para reencauzar la causa”, escribieron los abogados.