Denuncian a los jueces que anularon el caso del puntero que vaciaba las cuentas de empleados de la Legislatura

Los dirigentes de Juntos por el Cambio Ricardo López Murphy, Javier Iguacel y María Eugenia Talerico realizaron una presentación ante la Procuración bonaerense. La acusación apunta contra los magistrados Juan Alberto Benavides y Alejandro Gustavo Villordo.
martes 26 de septiembre de 2023
Denuncian a los jueces que anularon el caso del puntero que vaciaba las cuentas de empleados de la Legislatura
Denuncian a los jueces que anularon el caso del puntero que vaciaba las cuentas de empleados de la Legislatura

Legisladores de la oposición denunciaron a los jueces que anularon la causa por presuntas “defraudaciones reiteradas” contra el puntero Julio “Chocolate” Rigau, quien usaba 48 tarjetas de débito de la Cámara de Diputados bonaerense.

 
 La presentación la hicieron Ricardo López Murphy, Javier Iguacel y María Eugenia Talerico ante la Procuración bonaerense, a cargo de Julio Conte Grand. Los legisladores pidieron que se les abra una denuncia penal y se inicie un proceso para remover de sus cargos a los jueces Juan Alberto Benavides y Alejandro Gustavo Villordo.

“Creemos que resulta evidente que semejante cantidad de tarjetas para extraer dinero público en poder de una sola persona, demuestran que no actúa solo y que forma parte de un armado mayor de corrupción, de presta nombres, de padrinos políticos que se han organizado para defraudar al Estado”, dice el texto firmado por López Murphy, Iguacel y Talerico.

Los legisladores plantearon que es “inexcusable investigar con seriedad, profundidad y responsabilidad el uso del dinero público en la Legislatura bonaerense y las responsabilidades políticas en torno a esos manejos posiblemente ilícitos”.

En ese sentido, piden que la Justicia intervenga en el caso: “La intervención judicial es urgente, y no significa una intromisión de un poder sobre otro, porque más allá de este caso escandaloso que pone al descubierto posiblemente una matriz de corrupción que hay que desmantelar, hace años que varios escándalos vienen afectado la reputación de la Legislatura Bonaerense”.

Finalmente, la denuncia expresa la necesidad de que haya respuestas hacia la sociedad, con el objetivo de “ir hasta las últimas consecuencias para desmantelar los entramados de corrupción que degradan a nuestro sistema democrático y perjudican a nuestros ciudadanos”.

Los dos camaristas integran la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de La Plata y hasta hoy no habían tenido denuncias en el organismo que investiga la conducta de los jueces.

Benavides y Villordo fueron los jueces que hicieron lugar a un habeas corpus de la defensa de Julio “Chocolate” Rigau y, por esa vía, no sólo lo dejaron en libertad, sino que declararon nulo el punto de partida de investigación y, por lo tanto, la causa.

El magistrado restante que compone el tribunal que dejó en libertad a Rigau es Fernando Mateos, quien votó en disidencia con sus colegas y aseguró que el caso generó “estrépito social, desconcierto y descrédito para el común de la gente”.

Mateos cuestionó que se pretendiera “sellar la suerte de una investigación que razonablemente podría relacionarse” con actividades de corrupción que la Argentina se comprometió a combatir cuando firmó tratados internacionales sobre la materia.

El argumento que dieron para declarar nula la causa está basado en que, según la Cámara, la requisa que le hizo la Policía a Rigau fue ilegal y eso es lo que invalida todo lo que se actuó en el expediente.

La detención de Rigau se concretó cuando un cliente del Banco de la Provincia de Buenos Aires alertó a la Policía que había una persona que llevaba mucho tiempo parado frente a uno de los cajeros automáticos. Cuando lo requisaron, se dieron cuenta de que llevaba dinero, tarjetas, sobres, y varios tickets.

Entre los titulares de las tarjetas había hombres y mujeres de distintas edades, cuyos sueldos rondan los 500 mil pesos. Algunos son vecinos de la zona (La Plata, Tolosa, Berisso y Ensenada) y otros de municipios del Conurbano más lejanos, como Tigre o Hurlingham.

De acuerdo a lo que argumentaron Benavides y Villordo, los jueces son los únicos habilitados a ordenar requisas y las fuerzas de seguridad pueden hacerlo cuando existe una “sospecha razonada o causa probable” de un posible delito. Para los magistrados, eso no existía porque Rigau solo estaba sacando dinero de un cajero automático.

El fiscal general de ese departamento judicial, Héctor Vogliolo, recurrirá a la instancia de Casación para revertir la decisión y evitar el cierre definitivo de la causa./TN