Sigue en caída el poder adquisitivo de las jubilaciones

Durante los últimos años, la pirámide de los haberes jubilatorios viene en picada. Las distintas medidas compensatorias, principalmente el pago de bonos por parte del Ejecutivo, produce un efecto regresivo en la relación entre aquellos que cobran las jubilaciones máximas y mínimas. La implementación de los bonos, que si bien tiene como objetivo proteger a la población que cobra el haber mínimo, que son también las más vulneradas ante la caída del poder adquisitivo de los ingresos jubilatorios, afecta la equidad y sustentabilidad del sistema previsional en su conjunto.

Con una inflación que acumuló un 1146,7% entre enero de 2020 y diciembre de 2023, los ingresos previsionales tuvieron subas de entre 590% y 742,8% (considerando los bonos cobrados en cada momento, en algunos casos). El resultado es que el valor real de los haberes jubilatorios del sistema general de la Anses cayó entre un tercio y casi un 45%.

Muy lejos quedó, con esas cifras, la promesa de la gestión de Alberto Fernández y de Cristina Kirchner, de recomponer las jubilaciones y restituir el 19,5% perdido en los años previos. A la fuerte caída del poder adquisitivo -que solo en los dos últimos años fue de 40% para quienes no cobraron bonos-, en los últimos años se agregó un achatamiento de la pirámide de ingresos, en desmedro de quienes más aportes hicieron al sistema y con un efecto de desaliento a la formalización de la economía, que es una necesidad urgente para el sistema previsional.

Siguiendo la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec, si alguien dedicaba a fines de 2019 los mencionados $30.787 a una canasta de consumo, en diciembre pasado para adquirir lo mismo se necesitaron $383.821. Como el ingreso en este segundo momento de la comparación es un 612% nominalmente más alto (tal es el aumento acumulado para un haber actual de $230.000), los $219.371 cobrados cubrirán el 57% del costo de la canasta.

El ejemplo corresponde al de un jubilado que, si bien tiene un ingreso que para nada puede considerarse alto, está excluido de los bonos que, ante la evidente insuficiencia de la fórmula de movilidad frente a la inflación, recibe un grupo de prestatarios desde septiembre de 2022, por una política iniciada por el gobierno anterior que continuó, al menos en este primer mes de 2024, la gestión actual.

Relación entre jubilación máxima y mínima

Existen, por lo menos, dos factores que explican este aplanamiento de la pirámide previsional. En primer lugar, la escalada inflacionaria que erosiona el poder adquisitivo real de todos los jubilados dado que la fórmula de movilidad previsional corre siempre por detrás de la inflación (y en general nunca la alcanza). Y en segundo lugar, la implementación por parte del Ejecutivo del pago de bonos para mantener el nivel de ingresos de los estratos jubilatorios más bajos. Combinadas, ambas situaciones han confluido a una reducción constante de la diferencia entre las jubilaciones máximas y mínimas.

Una particularidad de la fórmula vigente, que fue propuesta por el anterior gobierno con especial incidencia de Cristina Kirchner, agravó la situación para los bolsillos: la ley previó un tope para la suba de las jubilaciones (y no un piso). Y ese techo fue aplicado en diciembre de 2023 (la cuenta daba algo más de 28% para el reajuste trimestral y se otorgó solamente un 20,87%), cuando ya se conocía que había un fuerte nivel de deterioro.

Qué puede pasar hacia adelante

El gobierno de Javier Milei llegó con la intención de eliminar esa fórmula. El punto fue incluido en el proyecto de ley ómnibus que se debate en el Congreso, junto con otras dos pretensiones: que se habilite al Poder Ejecutivo a dar aumentos discrecionales mientras no haya una modalidad definitiva para los reajustes, y a aprobar, sin pasar por el Poder Legislativo, una fórmula para el futuro. Ese contenido de la iniciativa es muy resistido por los legisladores que negocian con el oficialismo las modificaciones al texto para votar la ley.

Desde el Ministerio de Economía se había dejado saber, semanas atrás, que el plan era dar aumentos que sigan de cerca el índice de precios al consumidor del Indec (es decir, la inflación), algo que muy probablemente, y al menos en los primeros tiempos, permitiría una mejora para los haberes respecto de los aumentos que tendrían según la fórmula de movilidad actual, y que le evitaría al fisco mayores problemas cuando comience a bajar el ritmo de la suba de precios (la fórmula mira los datos de lo ocurrido tiempo atrás y eso es un problema para el objetivo de reducir el déficit fiscal y sostener un camino de baja de inflación).

Pero esa intención no fue puesta por escrito. Tal como fue redactado, el proyecto busca dejarle un muy amplio margen de acción discrecional al Gobierno y no expresa ni plazos para llegar a tener una fórmula definitiva, ni criterios con los que se darían las recomposiciones. Mucho menos indica que se garantizaría que los haberes no sigan perdiendo frente a la inflación.

El tema se convirtió, lógicamente, en uno de los puntos más sensibles de la negociación política que se da por estas horas.