Chicos con hambre: el gobierno de Milei enfrenta la cara más dura del ajuste
Sobre un total de 12,2 millones de menores de edad, entre niños y adolescentes, casi siete millones viven en la pobreza en la Argentina. Y más de 1,7 millones no pueden contar con a una alimentación adecuada.
Ante semejante escenario montado en un país en emergencia alimentaria vigente por ley hasta 2025, el Gobierno nacional y organizaciones sociales debaten sobre cómo debe ser distribuída la asistencia para comedores y merenderos.
La polémica se actializó luego de la denominada “fila del hambre”, en la que dirigentes sociales hicieron una hilera de más de 20 cuadras para demandar al Ministerio de Capital Humano en Buenos Aires por la demora en el envío de insumos.
Luego del escándalo, funcionarios encargados de esta tarea debieron presentar sus renuncias y ahora, diferentes organizaciones civiles polemizaron con el Gobierno nacional por la interrupción en el circuito de ayudas.
Dura crítica
La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), Fundación Sur Argentina, Infancia en Deuda y La Poderosa emitieron un duro pronunciamiento.
“Los comedores y merenderos comunitarios cumplen un rol fundamental en este escenario. Unicef y La Poderosa los describen como una ‘densa red de contención ante los efectos de las recurrentes crisis económicas que afectan a Argentina, ante el reconocimiento del problema de la pobreza estructural y la nueva pobreza’. Según explican, la mayoría de las familias puede asumir solo una comida importante al día y los comedores son un elemento central en su dinámica. El organismo internacional ya había alertado en 2023 sobre el hecho de que más de 3,5 millones de niñas y niños habían dejado alguna de las comidas principales o se habían visto obligadas a modificar las proporciones consumidas con anterioridad”.
Las organizaciones denunciaron que la interrupción en la provisión de alimentos a los comedores y merenderos del Ministerio de Capital Humano resulta “en una gravísima violación a los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, al negarles el acceso a alimentos, poner en riesgo su salud y su desarrollo y arrasar con un presupuesto básico para una vida digna”.
“La Constitución Nacional, la Ley de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes y la Ley de Nutrición y Alimentación Nacional prohíben semejantes actos de abandono, los que comprometen seriamente la responsabilidad nacional e internacional del Estado”, mencionaron.
Reformas necesarias
De la misma forma, admitieron que se deben revisar las políticas públicas para avanzar hacia mayores niveles de transparencia en la asignación de recursos, pero hicieron hincapié en que los procesos de reforma en ningún caso pueden implicar la suspensión de la asistencia alimentaria.
“La conducta adoptada por el Ministerio de Capital Humano hasta el momento desconoce por completo el contexto de pobreza en el que crecen las infancias de nuestro país, al tiempo que profundiza la deshumanización a la que se ha visto expuesto este grupo tras años de desidia estatal. Esto ocurre en un contexto de agravamiento de la situación económica en el que los altos índices de inflación (25,5% en diciembre y 20,6% en enero) dificultan todavía más el acceso a una alimentación adecuada por parte de las familias en situación de vulnerabilidad”, aseguraron.
Según la Oficina Nacional de Presupuesto, los programas de Comedores Comunitarios y Merenderos ($34.000 millones), Complemento Alimentario ($86.000 millones) y Proyectos Focalizados en Vulnerabilidad Social ($7.000 millones) registran una ejecución del 0%. También el programa de Comedores Escolares ($48.000 millones) se encuentra inejecutado. “Esto es particularmente preocupante dada la inminencia del comienzo de clases. En otras palabras, los recursos existen, pero permanecen paralizados”, alertaron las ONG.
“El Estado tiene obligaciones de protección especial reforzada con las infancias y adolescencias, obligaciones que están siendo manifiestamente incumplidas por el Ministerio de Capital Humano. Llamamos a las autoridades a reanudar de forma urgente la entrega de alimentos a comedores y merenderos comunitarios. La alimentación de millones de niñas y niños no puede esperar”, sentenciaron.
Dos funcionarios debieron renunciar
En medio de la pulseada entre el Gobierno y los movimientos sociales por el reparto de alimentos a los comedores, se fue el funcionario de la Secretaría de Niñez y Familia que estaba a cargo de la distribución de la mercadería.
Se trata de Pablo Rodrigué, un ex miembro del gobierno bonaerense de María Eugenia Vidal y quien aún no había sido oficializado en la gestión libertaria.
La salida sacude al área que encabeza Pablo de la Torre y que funciona bajo la órbita de Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano. Rodrigué no se fue solo.
Agustín Sánchez Orondo, quien se desempeñó informalmente como director administrativo, se alejó también de sus funciones en medio de una semana signada por duros cuestionamientos externos.
