Desregulación de las obras sociales y prepagas: qué cambia y desde cuándo rige

El objetivo es que haya igualdad de condiciones para la competencia y dar libertad de elección a los beneficiarios
miércoles 21 de febrero de 2024
La reglamentación de la desregulación de las Obras Sociales destaca la prioridad que representa para la administración actual
La reglamentación de la desregulación de las Obras Sociales destaca la prioridad que representa para la administración actual

Finalmente, se publicó en el Boletín Oficial el decreto que estableció la reglamentación para desregular las obras sociales, algo que alcanzará a más de 14 millones de trabajadores que están en relación de dependencia tanto del sector público como privado, sindicalizados, monotributistas, empleadas domésticas, y a los más de 5 millones de personas que pertenecen al llamado sistema general.

La Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) es el organismo del Estado que liderará este proceso de cambio cuyo fin central es dar libertad de elección a los beneficiarios e impulsar la libre competencia entre obras sociales y prepagas.

Hasta ahora, solo las obras sociales realizan el aporte de las contribuciones que recaudan mensualmente de empleadores y trabajadores; mientras que las prepagas solo aportan al Fondo una parte de los recursos derivados por los aportes que reciben mediante obras sociales que funcionan como “intermediarias”, pero no por la totalidad de las cuotas que cobran.

Este decreto comenzará a regir el primer día del segundo mes siguiente a febrero porque habrá un periodo de adecuación a la norma, tal como indicó el Gobierno.

Cuáles son las claves de la desregulación de las obras sociales

  • Los trabajadores podrán elegir libremente entre afiliarse a una obra social o contratar los servicios de una empresa de medicina prepaga. La facultad de elegir el Agente del Seguro pertenecerá a cada beneficiario titular.
  • El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados solo recibirá a los beneficiarios que le corresponda conforme su legislación. Los trabajadores autónomos comprendidos en el Régimen Nacional de Jubilaciones y Pensiones y sus beneficiarios podrán afiliarse a un Agente del Seguro, pudiendo elegir entre cualquiera de ellos.
  • Dejará de ser obligatorio que el beneficiario permanezca por un año en la obra social de su actividad al ingresar a un nuevo empleo en relación de dependencia.
  • Los beneficiarios podrán elegir una obra social o prepaga -que se registre para tal fin- desde el primer día del comienzo de un nuevo empleo y sin ningún tipo de intermediación.
  • Elimina la obligación de triangular los aportes con una obra social a los trabajadores que quieren contar con los servicios de una prepaga.
  • Los matrimonios en los que ambos cónyuges son beneficiarios titulares pueden afiliarse a una única entidad, acumulando sus aportes y contribuciones.
  • Los beneficiarios no titulares a cargo de más de un beneficiario titular deberán optar por la cobertura de un solo agente del seguro de salud y si estos no unificaron la cobertura, la Superintendencia de Servicios de Salud los asignará a la entidad que perciba la mayor cotización en concepto de aportes y contribuciones, salvo que los beneficiarios titulares optaren por incluir a sus beneficiarios no titulares en la entidad receptora de la cotización menor.

  • Los prestadores, que a partir del decreto se los llama Agentes de Seguro, “no podrán efectuar discriminación alguna para acceder a la cobertura básica obligatoria”; ni “realizar examen psico-físico o equivalente, cualquiera sea su naturaleza, como requisito para la admisión”; ni “establecer períodos de carencia, salvo con relación a lo previsto en el inciso c) del artículo 5° de la Ley N° 23.661″, así cómo tampoco podrán “decidir unilateralmente sin causa la baja del afiliado”.
  • Las personas con discapacidad accederán como mínimo a la cobertura básica obligatoria establecida en el Programa Médico Obligatorio y en el Sistema de Prestaciones Básicas en habilitación y rehabilitación integral.
  • El Ministerio de Salud coordinará con las provincias y con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la inserción de los hospitales jurisdiccionales al Sistema de Salud.
  • Las entidades podrán proponer planes parciales. “En todos los casos se deberán explicitar claramente las prestaciones cubiertas y las exclusiones de la cobertura, no pudiendo hacer referencias genéricas respecto de enfermedades de escasa aparición. En ningún caso se podrán utilizar aportes de la Seguridad Social para el pago de la cuota de un plan de cobertura parcial”, indica la normativa.
  • El período llamado carencias, solo podrán establecerse para el acceso a las prestaciones sanitarias superadoras o complementarias al PMO y no podrá superar los 12 meses.
  • La antigüedad de diez años deberá ser en forma continua en la misma entidad, bajo cualquier tipo de contratación, individual o corporativa, y en cualquier plan. Los cambios en la modalidad de contratación o de planes no la interrumpirán.
  • Los prestadores podrán establecer libremente aumentos, pero deberán respetar la misma proporción para todos los afiliados, tanto respecto del valor de cuota pura como de los valores adicionales por preexistencia. Los incrementos deberán ser informados a los usuarios, tanto en el monto de las cuotas como de los copagos, con una antelación no inferior a los 30 días corridos previos al vencimiento.