Los cargos vacantes en la Provincia no serán cubiertos

Jaldo avanza con las intimaciones al personal que ya está en condiciones de jubilarse, propone retiros y avanza con los sumarios
viernes 12 de abril de 2024
Osvaldo Jaldo
Osvaldo Jaldo

El ajuste nacional también impacta en Tucumán. “El ordenamiento del Estado es necesario”, afirma el gobernador Osvaldo Jaldo cuando se le consulta los motivos por los cuales su administración ha promovido un plan de retiro voluntarios, la aceleración de las jubilaciones y “la prohibición del desempeño de dos o más empleos públicos remunerados en todo el ámbito del Estado provincial”, tal como reza el proyecto de ley elevado a la Legislatura.

El mandatario niega de que haya una “bajada de línea” desde la Casa de Gobierno. Sin embargo, desde que arrancó su administración, el 29 de octubre pasado, Jaldo decidió bajar en $ 220.000 millones la pauta presupuestaria que dejó su antecesor Juan Manzur para este ejercicio. Luego eliminó y fusionó estructuras del Poder Ejecutivo, además de eliminar la Unidad de Reconversión Laboral, que contenía a unos 7.500 beneficiarios, además de prescindir de asesores. La tarea de “reordenar el Estado” no concluyó con esas medidas que le reportaron alrededor de $ 14.000 millones de ahorros que, a su vez, fueron destinados a recomponer los salarios estatales.

Con un gasto mensual de $ 84.500 millones, los salarios de los casi 110.000 millones aumentaron su peso en el Presupuesto, que representa cerca del 56% del total de erogaciones. Jaldo cree que los sueldos deben volver a la incidencia histórica, del 50%, un objetivo fijado al menos para lo que resta del año, independientemente de la puja por el reajuste de los ingresos estatales. De acuerdo con los últimos informes de la Contaduría General de la Provincia, el 50% del Gasto en Personal se distribuye, en partes iguales, por las obligaciones salariales con los trabajadores de la educación y los agentes de salud.

Como primera medida, ha ordenado que ningún cargo que quede vacante en el sector público, por efecto de los retiros voluntarios, de las jubilaciones y de los casos de doble percepción salarial, sean ocupados. “Estamos acomodando las finanzas, a través de un sinceramiento del Estado de tal manera que a partir del año que viene podamos arrancar un plan de obras públicas que dinamice la economía”, resalta el titular del Poder Ejecutivo.

En el entorno del gobernador se afirma que la gestión necesita adoptar medidas que vayan más allá de la atención de los servicios esenciales de salud, de educación y de seguridad. “No se puede estar cuatro años administrando crisis. Hay que buscar la manera de redireccionar partidas para que podamos avanzar con las obras en el dique El Cadillal, en la doble terna energética de El Bracho-Villa Quinteros o terminar la cárcel de Benjamín Paz”, indican en la Casa de Gobierno.

Si bien es prematuro proyectar la cantidad de agentes que pueden llegar a acogerse al retiro voluntario, si se dan unos 2.000 casos, al Estado le permitiría ahorrar alrededor de $ 4.000 millones al año. Por el lado de las jubilaciones, en el Ministerio de Economía se menciona que ya se instruyó al área de Recursos Humanos que tiene a su cargo la gestión de la administración centralizada a que aceleren las intimaciones a aquellos que ya cumplieron la edad legal para acceder al beneficio previsional. En varias áreas se constató que hay agentes que han iniciado el trámite jubilatorio, pero no se pidió oficialmente el cese de actividades.

Jaldo insiste en que no habrá despidos de personal, como ha sucedido a nivel nacional, mucho menos una reducción de los salarios. Sí habló de la regularización de situaciones que implican un mayor gasto salarial, como el caso de las adscripciones que fueron revisadas en distintos sectores del Estado, particularmente en educación.

Retiro voluntario: ¿en qué consiste el régimen?

El Poder Ejecutivo envió a la Legislatura un proyecto de ley para que se establezca un sistema de retiro voluntario programado para los agentes de la administración pública con un mínimo de tres años de antigüedad. Será por cuatro años y, durante dicho periodo, el Estado abonará el 70% de los haberes habituales: deberán sumarse el 100% de las asignaciones familiares y el 70% de las subas salariales, remunerativas o no. El agente conservará la obra social y percibirá sus haberes en el tiempo y forma en que lo hagan los empleados públicos en actividad.

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