Un policía fue acusado de estafar con el alquiler y la venta de locales a feriantes

Fue arrestado sospechado de cobrar por adelantado un año de alquiler a por lo menos medio centenar de personas y de vender locales por $10 millones engañando a cerca de 30 víctimas.
domingo 19 de mayo de 2024

Luego de una intensa investigación, los efectivos del Departamento Inteligencia Criminal (D-2) aprehendieron a un empleado policial acusado de estafar con cifras millonarias al menos a unas 50 personas por el alquiler y venta de locales comerciales en la zona de El Bajo. Fue en el marco de cuatro allanamientos concretados el pasado viernes en la Capital y en El Cadillal, por orden del juez Guillermo José Di Lella.

El acusado fue aprehendido en calle Balcarce primera cuadra, en la Capital, donde además secuestraron dos celulares, cheques, talonarios de recibos y un contrato de locación de espacio para stand de feria.

De acuerdo a la pesquisa policial, el empleado policial engañaba a los locatarios de una feria ubicada en avenida Sáenz Peña al 100 (conocida como la zona de El Bajo), simulando tener facultades del administrador, y les cobró por adelantado un año de alquiler a unos 22 feriantes.

Se hizo humo

Además, engañó a otras 30 personas vendiéndoles locales comerciales por $ 10 millones cada uno mediante la entrega de recibos falsos firmados por él. Cuando las víctimas y el administrador alertaron sobre esta situación, no lograron volver a contactarse con el acusado.

El fiscal Mariano Fernández, titular de la Unidad Fiscal de Investigación Especializada en Estafas, Usurpaciones y Cibercriminalidad del Centro Judicial Capital, dispuso la aprehensión del acusado por defraudación por contrato simulado y recibos falsos.

Las medidas judiciales fueron supervisadas por los jefes del D-2, Comisario Mayor Omar Soria y Comisario principal Víctor Lazarte.

Prisión preventiva

El perjuicio total obtenido a lo largo de los engaños efectuados por el uniformado estaría estimado en $70.000.000. El Ministerio Fiscal lo acusó por cinco hechos.

Este domingo 19 de mayo se realizó la audiencia correspondiente al control de la detención, formulación de cargos y pedido de medidas de coerción por parte del Ministerio Fiscal. El caso es investigado por la Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad, a cargo de Mariano Fernández, siendo representado en la misma por el auxiliar de fiscal Rodrigo Gustavo Bilbao.

La Fiscalía acusó al sargento primero Edgardo Daniel Chavarría por los delitos calificados como: administración fraudulenta, abuso por estafa de confianza y estelionato en tres oportunidades, en calidad de autor.

"Chavarría no estaba autorizado al cobro de los alquileres. Quien tuvo que absorber esos montos fue la víctima, a quien se le causó un gran daño patrimonial. Todas estas maniobras las realizaba mediante documentación apócrifa. Existen multiplicidad de víctimas. Claramente, es un especialista en este tipo de delitos. No nos debemos olvidar que se trata de un empleado policial quien ha cometido estos cuantiosos delitos", señaló el auxiliar de fiscal, quien requirió la prisión preventiva por cuatro meses ante la vigencia de los riesgos procesal de peligro de fuga y de entorpecimiento de la investigación; y para avanzar en las numerosas medidas investigativas a partir de los elementos secuestrados. El juez interviniente resolvió hacer lugar por 45 días a las medidas de coerción solicitadas por el MPF.

Los cargos

La investigación surge a partir de una denuncia de una de las víctimas, solicitando la UFI interviniente medidas de allanamientos a domicilios, que se hicieron efectivas el viernes pasado, secuestrando elementos relacionados con la investigación, por lo que el fiscal dispuso la detención del uniformado.

Chavarría fue acusado por cinco hechos: El primero consiste en que el empleado policial, prestaba tareas de vigilancia en la feria Paseo Sáenz Peña, ubicado en avenida Sáenz Peña al 100. Al mismo se le encargó el cobro de los alquileres, hasta que en la segunda semana de enero de 2024 no se presentó a rendir cuentas, generando un perjuicio de $800.000 aproximadamente.

En tanto, simulando contar con facultades de administración que no poseía engaño aproximadamente a 22 locatarios, cobrando alquileres por adelantado, dinero que nunca fue rendido, entregando falsos recibos sin autorización por montos entre $200.000 y $550.000.

A continuación, entre agosto y octubre de 2023, engañó a dos feriantes, vendiéndoles sin autorización dos locales por los montos de $1.600.000 por cada una de las propiedades. Luego, el 16 de junio de 2022 vendió dos terrenos en la zona de La Cañada, Tafí Viejo, por $6.000.000, simulando ser cesionario de los derechos sobre esos inmuebles. Finalmente, el 27 de junio de 2023, mediante un boleto de compra-venta falso, vendió como propio un bien ajeno a su propiedad a una de las víctimas por $5.500.000.

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