“Nadie sabía qué estaba haciendo. Era como fabricar fentanilo en una carnicería”, relató P.D., uno de los 300 trabajadores que quedaron desempleados tras la clausura de Laboratorios Ramallo SA, epicentro del escándalo por la elaboración de medicamentos contaminados que ya dejaron cerca de 100 muertes en Argentina.

En diálogo con TN, el hombre describió cinco años de trabajo en un ambiente sin controles, sin medidas de seguridad, sin aportes jubilatorios y con sueldos miserables. Aunque figuraba formalmente bajo la firma Alfarma S.R.L., dependía directamente de la familia Furfaro, con Ariel García al frente desde 2019.

“Cobraba 450 mil pesos al mes haciendo tareas de altísimo riesgo, sin saber nada de química ni microbiología. Solo necesitaba trabajar, presenté mi currículum y me llamaron”, recordó. Comenzó en producción de suero, luego empaque y terminó a cargo de la caldera: “Era como un lavarropas gigante que generaba vapor para esterilizar todo. No tenía habilitación ni normas de seguridad. Si explotaba, moríamos todos”.

Incluso tuvo que pagar de su bolsillo válvulas y mangueras, ante el miedo de sufrir un accidente fatal.

La empresa proveía un micro para el traslado, pero los empleados debían pagar una suma mensual: 70 mil pesos solo para ir a trabajar. Tampoco contaban con ropa adecuada ni refrigeración. “Trabajábamos en ropa interior por el calor. El agua era de la canilla, sin tratamiento. En los sueros aparecían partículas de vidrio, plástico, óxido. Era un desastre total”.

Lotes truchos, medicamentos clonados y cero trazabilidad

Según el testimonio, la planta fabricaba "lotes gemelos": uno legal, y otro “trucho”, sin trazabilidad, para aumentar las ganancias. “Se duplicaban los medicamentos. Nadie sabía a dónde iban a parar esos productos. Era todo por plata”.

P.D. también denunció la ausencia absoluta de controles:

“Nos decían que iba a venir gente de ANMAT, pero nunca apareció nadie. La gerente de calidad firmaba todos los papeles como si estuviera todo bien, pero todos sabíamos lo que salía en esas cajas”.

Cuando estalló el escándalo y la planta fue cerrada, más de 300 personas fueron despedidas sin indemnización. Al acudir a ANSES, se enteraron de que la empresa nunca había hecho los aportes correspondientes.

“Figurábamos en blanco, pero no estábamos registrados en ningún gremio. No podíamos cobrar desempleo. Mandamos telegramas y nadie los recibió. La empresa desapareció. Nos dejaron en la calle”.

El hombre también denunció el nivel de explotación:

“Pagaban mal, no hacían aportes y encima teníamos que poner plata para trabajar. Perdí años de aportes. Fue casi como una esclavitud”.

"Esto va a seguir matando gente"

Más allá de su situación laboral, P.D. se mostró devastado por el daño que pudo haberse causado desde esa planta:

“Te duele saber que alguien se está muriendo por algo que se fabricó ahí adentro. Esto va a seguir matando gente y los responsables siguen libres. No quiero plata. Solo quiero justicia. Que paguen por lo que hicieron”.