“Ese terreno no tiene dueño”: confesiones y machetes en una toma que terminó en la Justicia

La escena ocurrió en junio del año pasado, pero su eco resonó durante más de diez horas en las audiencias de esta semana. Frente al barrio 6 Viviendas, detrás del country The Point, en Ohuanta, la tranquilidad rural de la zona fue quebrada por un grupo armado con machetes. Según la acusación del Ministerio Público Fiscal, irrumpieron violentamente, despojaron a los dueños del terreno y comenzaron una toma que no solo avanzó en metros construidos, sino también en ventas ilegales.

Este martes, la Unidad Especializada de Estafas, Usurpaciones y Cibercriminalidad II, a cargo de Carlos Saltor, imputó a 22 personas (13 mujeres) por el delito de usurpación por despojo con violencia y amenazas. La auxiliar de fiscal Daniela Briz Tomás, quien representó al MPF en las audiencias, no escatimó palabras al describir lo ocurrido el sábado 17 de junio de 2023:
“Munidos de machetes sacaron un portón y rompieron el alambrado perimetral para cortar la vegetación: frutales, huerto, césped. Fue un ingreso premeditado y violento”, sostuvo.

Una toma organizada
Cuando el tenedor legítimo del predio llegó al lugar ese día, encontró un escenario inesperado: hombres dentro de su terreno, entre los árboles derribados, y animales desorientados. La huerta con zapallos y choclos había sido pisoteada. Al intentar dialogar, los ocupantes consultaron con una mujer a la que identificaron como puntera política. La respuesta fue tajante:
“Este lugar está desocupado y no tiene dueño”, le dijeron. Lo invitaron a retirar sus animales. 

Con el correr de los días, comenzaron a levantarse estructuras. El último informe policial, fechado el 11 de marzo de este año, constató al menos diez construcciones en etapa avanzada, materiales de obra apilados y movimientos permanentes. Según los testimonios recabados, muchas de las parcelas ya habían sido vendidas a terceros de buena fe. “La mayoría vendió las parcelas de los terrenos”, declaró una de las víctimas en la audiencia.

Declaraciones y resistencia
Entre los imputados, un hombre de 68 años negó haber estado presente:
“Yo en ningún momento fui a esa toma”, afirmó. Sin embargo, la evidencia lo ubica entre quienes actuaron en grupo para ocupar la propiedad. La empleada pública sindicada como organizadora, y otra mujer más, ya cumplían desde marzo medidas judiciales no privativas de la libertad, luego de haber sido acusadas también por resistencia a la autoridad cuando agredieron a policías durante un relevamiento fotográfico y planimétrico.

“En la primera audiencia dijo que era ama de casa, pero pudimos constatar que es empleada estatal en una comuna”, apuntó Briz Tomás, quien subrayó el nivel de coordinación entre los ocupantes y el impacto que esta usurpación tuvo no solo en los propietarios legítimos, sino también en la comunidad.

La Justicia actuó
Tras los testimonios, pruebas y declaraciones, el juez actuante resolvió lo siguiente:

• Ordenó la restitución provisoria del predio en un plazo de 30 días, con uso de la fuerza pública en caso de negativa.
• Hizo lugar parcialmente al pedido de medidas de coerción de menor intensidad por cuatro meses, entre ellas la prohibición de acercamiento a las víctimas y sus domicilios, así como también a las escuelas a las que asisten sus hijos (en un radio no menor a 200 metros).

El fiscal fue contundente:
“Fue un accionar violento, los propios vecinos lo vieron. Actuaron en hordas, con machetes y palos para amenazar y agredir. Esta situación de ilegalidad genera un gran perjuicio y puede llevar a engaños a personas que compran sin saber que esos terrenos están usurpados”, remarcó.

A más de un año del comienzo de la ocupación, y tras múltiples trabas en el proceso —incluidas ausencias de imputados en las audiencias—, la causa avanza. Para la Fiscalía, quedó claro que el despojo no fue casual ni espontáneo. Aseguró que la toma fue organizada, planificada y, en muchos casos, convertida en un negocio que ahora enfrenta a más de veinte personas con la ley.