Hugo Alberto Zelaya, de 72 años, fue imputado por el crimen de su suegra de 104 años y por haber dejado gravemente herida a su esposa. La Justicia le otorgó arresto domiciliario por seis meses, en lugar de una prisión preventiva en un penal, debido a su edad avanzada.

La medida fue dispuesta este domingo 29 de junio, durante una audiencia solicitada por la Unidad Fiscal de Homicidios II, a cargo de Carlos Sale. El auxiliar de fiscal Miguel Fernández formuló cargos contra el imputado por los delitos de homicidio simple (por la muerte de la anciana) y tentativa de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género (por el ataque a su pareja).

La noche del sábado 28 de junio, los vecinos del pasaje Agustín Maza al 500 escucharon los gritos. Venían desde la vivienda donde Hugo Alberto Zelaya vivía con su pareja, Ramona Estela Medina, de 62 años, y la madre de ella, Rosa Andrada, de 104. Medina salió corriendo a la calle a pedir ayuda a los vecinos: había sido atacada por Zelaya y su madre estaba adentro todavía con él. 

Cuando llegó la Policía, Rosa Andrada yacía sin vida, y su hija, Ramona, herida de gravedad, era trasladada de urgencia al hospital Padilla. Zelaya, el único hombre en la casa, dijo que habían sido víctimas de un robo.

Evidencias y contexto
Entre las pruebas recolectadas por el Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF), se hallaron manchas de sangre en distintos ambientes de la vivienda y en un bastón que habría sido utilizado como arma. Además, testigos relataron haber escuchado gritos durante la madrugada. Una hija y una nieta de las víctimas declararon que Medina sufría violencia por parte del acusado, pero nunca lo denunció.

El informe preliminar de la autopsia confirmó múltiples lesiones traumáticas, fracturas de costillas y un shock hipovolémico como causa de muerte de Andrada. El acusado presentaba rasguños en el rostro, lo que sugiere un intento de defensa por parte de las víctimas.

Argumentos del fiscal
El fiscal Fernández sostuvo que, si bien existen riesgos procesales, la avanzada edad del imputado justifica el arresto domiciliario. No obstante, remarcó la violencia desplegada y el intento de ocultar los hechos: “Cuando llegó la Policía, Zelaya afirmó que habían sido víctimas de un robo. Esa conducta genera sospechas sobre su predisposición a colaborar con la investigación”.

El juez interviniente hizo lugar al pedido del Ministerio Fiscal y ordenó seis meses de arresto domiciliario, con tobillera electrónica y reglas de conducta. Zelaya permanecerá en una vivienda del barrio La Costanera, donde reside con familiares.