“Cometí un error y quiero pedir perdón. Señor juez, lo único que pretendo es volver al lado de mi mamá; no me importa si me tienen que poner una de esas tobilleras”, expresó Ricardo Fabián Suárez, durante la audiencia en la que se prorrogó su prisión preventiva. Suárez está procesado por haber amenazado al gobernador Osvaldo Jaldo a través de redes sociales, y permanecerá detenido por al menos 28 días más.

El episodio que lo llevó al banquillo ocurrió el martes 19 de agosto, cuando el mandatario provincial se encontraba en Villa Quinteros, Monteros, inaugurando una serie de obras. El acto fue transmitido en vivo por Facebook a través de la cuenta del periodista Carlos Rosznercki. Fue en esa transmisión donde Suárez, un monterizo de 52 años, escribió un comentario que encendió las alarmas:

Acusado de amenazar al gobernador Jaldo: “Cometí un error, pido perdón; quiero volver con mi mamá”

“Se presta para boletearlo al hdp ese de JALDO como al senador colombiano y sacarlo con las patas para arriba. Amén” (sic).

La frase fue publicada justo en el momento en que el gobernador se encontraba sin la custodia policial inmediata. Además, el mensaje aludía al atentado que sufrió el senador y candidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay, quien recibió un disparo durante un acto en junio y falleció días después.

Al leer el mensaje, el periodista decidió alertar a las autoridades por considerar que se trataba de una amenaza grave. La denuncia activó una rápida respuesta del jefe de Policía, Joaquín Girveau Olleta, quien ordenó que el equipo de Delitos Telemáticos, encabezado por los comisarios Yolanda Álvarez, Diego Bernachi y Miguel Carabajal, iniciara un rastreo cibernético para identificar al autor del mensaje.

Con los informes técnicos ya en manos del fiscal Mariano Fernández, titular de la Unidad Fiscal Criminal I, se solicitó una orden de allanamiento para secuestrar los dispositivos electrónicos y detener al sospechoso. El juez Eduardo González autorizó el procedimiento, que fue ejecutado por efectivos del Grupo Cero, la Ex Brigada y la Unidad Regional Oeste. En el operativo se decomisaron tres celulares y Suárez fue arrestado.

Al día siguiente, en la audiencia de formulación de cargos, el auxiliar Gonzalo Guerra pidió que se imputara a Suárez por el delito de amenazas e intimidación pública, y solicitó que se le dictara prisión preventiva por 30 días. El juez Sebastián Mardiza hizo lugar a ambos planteos.

Una audiencia inesperada

Este jueves se llevó a cabo una nueva audiencia en la que el fiscal Guerra solicitó la prórroga de la prisión preventiva por 60 días. “Tenemos turno para el análisis de los celulares el 2 de octubre. También enviamos un oficio a los administradores de Facebook en Argentina para que nos informen todas las publicaciones que realizó en los últimos tiempos”, explicó.

El representante del Gobierno provincial, José María Molina, adhirió al pedido. Sin embargo, la defensora oficial Ana Josefina Alzogaray se opuso al considerar que el Ministerio Público ya había tenido tiempo suficiente para investigar el caso. También indicó que su intención era cerrar el expediente mediante una probation, pero que su propuesta había sido rechazada.

Cuando la defensa exponía sus argumentos, el propio Suárez pidió la palabra. Lo que dijo desbarató por completo la estrategia defensiva:

“Fue un error lo que hice. No sé qué me pasó; quiero pedir disculpas. En Monteros saben quién soy y que soy incapaz de hacer algo así”, expresó visiblemente conmovido. “Hace poco perdí a mi papá y eso me desestabilizó. Quiero que esto termine rápido. Lo único que pretendo es volver al lado de mi madre, que es todo lo que tengo en la vida”, agregó.

También se mostró dispuesto a someterse a medidas alternativas:

“Asumo toda la responsabilidad. Si quieren, puedo tener la pulsera para volver a casa. Acá estoy muy lejos de ella y no tengo a nadie que me venga a visitar”, concluyó el imputado, quien permanece alojado en el penal de Benjamín Paz.

Ante este panorama, el juez Eduardo González decidió aceptar parcialmente el pedido de la fiscalía y prorrogar la prisión preventiva por 28 días. Además, instó a las partes a evaluar la posibilidad de una salida alternativa al proceso penal, teniendo en cuenta las expresiones del acusado.