Luis "Pato" Campos, exintendente de Juan Bautista Alberdi, se presentó este viernes por la mañana en la sede de la Gendarmería Nacional para prestar declaración indagatoria en el marco de una causa que investiga presuntos vínculos con el narcotráfico y posibles irregularidades en el manejo de fondos destinados a obras públicas. Junto a él se presentó su esposa, la legisladora oficialista Sandra Figueroa, quien también se somete a las diligencias ante la Justicia Federal.

A su arribo, Campos ofreció declaraciones breves a la prensa: "Tengo que ponerme a derecho", dijo mientras aguardaba en la puerta del edificio. A continuación señaló que se presentaban por indicación de su abogado y que confiaban en el normal desarrollo del proceso judicial: "Nuestra situación es de total inocencia y es la Justicia la que sabrá indagar en este caso". El exintendente afirmó, además, que siempre negó las imputaciones vinculadas al narcotráfico y remarcó su trayectoria en beneficio de la comunidad.

La pesquisa se originó en la primera semana de junio, después de que se viralizara un audio en el que figura una conversación entre el supuesto empresario Roque “Chipi” Jiménez y Campos. Ese material puso en primer plano sospechas sobre la existencia de vínculos entre actores del municipio y redes narco, y abrió interrogantes sobre la administración de fondos destinados a obras públicas.

Por solicitud de la fiscal Mónica García de Targa, la causa alcanzó también a otros exfuncionarios y referentes municipales: José Roldán (exsecretario de Hacienda), Albano Loru (exedil), Pablo “Maceta” Barrionuevo (a cargo de la oficina de Desarrollo Social) y José “Cuchamota” Funez (gremialista que había denunciado las irregularidades). Todos fueron procesados en el marco de la misma investigación. La presentación de Campos y Figueroa ante la Justicia marca un nuevo capítulo en la causa.

Fuentes judiciales indicaron que continuará la etapa de indagatorias y la recolección de pruebas para determinar responsabilidades. Mientras tanto, el episodio mantiene en la comunidad local y en la opinión pública el debate sobre la transparencia en la gestión municipal y la vinculación entre actores políticos y sectores ilegales.