Caso Alberdi: cómo avanza la investigación sobre presunto lavado de activos

En el municipio de Alberdi, se investiga la posible existencia de una estructura criminal dedicada al lavado de activos relacionados con la distribución y comercialización de drogas. Esta hipótesis es considerada por las autoridades de la Justicia Federal y la justicia ordinaria, tras un análisis exhaustivo de la información recopilada durante el desarrollo de la investigación. Según los datos obtenidos, el mecanismo presuntamente utilizado para llevar a cabo estas actividades ilegales involucraría la contratación directa de obras públicas, así como el manejo irregular de fondos del erario público.

La investigación se centra en varios individuos que podrían haber desempeñado roles clave dentro de esta supuesta organización. Entre los principales investigados se encuentran el ex intendente Luis Campos, su esposa y legisladora Sandra Figueroa, y el ex secretario de Hacienda, José del Carmen Roldán. Además, se menciona la posible participación de Roque "Chipi" Giménez, un empresario del sector de la construcción, el ex secretario de Desarrollo Social, Pablo "Maceta" Barrionuevo, y el gremialista José "Cucha Mota" Funez. Todos los mencionados han negado las acusaciones en su contra, enfatizando la falta de vínculos entre ellos e incluso señalando que han tenido diferencias personales que los distancian.

Es importante señalar que, hasta el momento, no se han definido claramente los roles específicos que cada uno de estos individuos habría desempeñado dentro de la estructura criminal investigada, lo que sugiere que la investigación aún está en sus etapas iniciales y podría evolucionar conforme se obtengan más evidencias y testimonios.

Conocer lo que realmente ocurría en la sede municipal será mucho más difícil de lo esperado. Eso es lo que surgió en la audiencia realizada el viernes. El auxiliar Bernardo Sassi, siguiendo las instrucciones de la fiscala Mónica García de Targa, reveló un importante dato. Desde el Ministerio Público se había enviado un pedido de informes al municipio. Al haber pasado los días y no tener respuesta, insistieron. El interventor Guillermo Norry se disculpó por la demora e informó que se había producido porque el oficio había desaparecido y que no había llegado a manos de ninguno de sus funcionarios. La sospecha de que el grupo mantendría poder entre los empleados quedó más firme que nunca.

Primeros números

La documentación que aportó Norry fue clave para redireccionar la causa que está en manos de la fiscala García de Targa y fortalecer los indicios que había recolectado el fiscal federal Rafael Vehils Ruiz. Fueron datos para entender cómo era la ruta del dinero de Alberdi.

“Chipi” Giménez fue durante años un denunciador serial contra la gestión Campos. De la noche a la mañana, en febrero de 2022, el ex conductor de un taxi rural Renault 9 y su madre Susana del Valle Argañaraz, dueña primero de una remisería y luego de una verdulería, crearon la empresa Giménez Consoulting Group, firma cuya oficina funcionó menos de un año en Alberdi y que tenía domicilio legal en un inmueble que era de la municipalidad.

Sassi informó que entre junio de 2022 y diciembre de 2024, con la autorización de la intendente y ahora legisladora Figueroa, la empresa de “Chipi” fue contratada y recibió pagos por la edificación de la Sala Velatoria ($160 millones), la recuperación y remodelación del Mercado Municipal ($216 millones) y la refacción del Centro Cultural de Alberdi ($92 millones).

“La Sala Municipal es una cagada, la hicieron cuando la ciudad estaba dinamitada de pozos e inundada de líquidos cloacales. No la usa nadie y encima se llueve entera”, indicó Fernando García, vecino de Alberdi. “La Policía hizo un allanamiento en el Mercado Municipal y descubrió que no había nada y la presencia de matorrales que daban cuenta de su total estado de abandono”, explicó Sassi. Sobre las remodelaciones del Centro Cultural, Ivana Ramírez destacó: “está igual desde hace 20 años. A lo sumo le hicieron algún que otro ‘muralcito’ para cambiarle la cara”.

En la audiencia, el representante del Ministerio Público aportó otro dato que confirmó los rumores que se vienen escuchando desde que estalló el escándalo el pasado 5 de junio. Giménez, que en sus tiempos de juventud era músico y cantante, también habría cobrado dinero por poner música en diferentes encuentros organizados por el municipio.

Sassi explicó que la empresa Giménez Producciones había recibido unos $28 millones por su tarea. Comentó que fueron $10 millones por el servicio que brindó en una fiesta de La Empanada que se realiza en Famaillá, $10 millones por haber brindado servicio en una feria municipal y $3 millones por haber musicalizado una fiesta del Día de Reyes. El investigador aclaró que la firma estaba a nombre de Pablo David Giménez, cuyo domicilio fiscal es una de las casas de “Chipi”.

“Mi defendido, si lo llaman a declarar, puede aclarar perfectamente todo lo referido a las cuestiones de obras públicas que realizó y que no realizó. También puede aportar pruebas de cómo le pagaban”, aseguró Silvia Furque, que asiste a Giménez junto a Cergio Morfil. “Él es inocente de los delitos de intimidación pública e instigación a cometer ilícitos, por los que recibió una prisión preventiva más dura que la que normalmente se le da a un homicida o a un abusador. La Corte Suprema de Justicia debe intervenir inmediatamente y velar por los derechos y garantías de todos los investigados”, finalizó.

¿Improlijidades?

En la audiencia del viernes surgieron otras cuestiones que llamaron la atención al Ministerio Público. “En la información que hemos conseguido, figura que entre julio de 2020 y principios de 2021, desde las arcas del municipio se transfirieron más de $4 millones a la cuenta de la hija de Roldán, que es dueña o maneja la imprenta familiar. Hasta el momento no podemos determinar para qué lo hizo”, explicó Sassi.

En su declaración, el ex secretario de Hacienda de Alberdi aclaró: “mi hija tiene un negocio con el que tiene contratos con varios municipios, comunas y empresas privadas. No hay nada irregular”. Sus defensores, Florencia Abdala y Camilo Atim, rechazaron la acusación. “No hay ningún tipo de prueba que respalde la imputación que le hicieron”, destacaron.

“Todos sabemos que esa imprenta era la pantalla de los negocios turbios de Roldán. Ahí se hacían todas las impresiones oficiales, en los tiempos de la pandemia confeccionaban los barbijos que entregan de manera gratuita e imprimían los votos de todas las listas oficiales. Era un negocio redondo”, dijo Juan Carlos Reyes, vecino de la ciudad. “Investiguen por qué el negocio se quedó casi sin maquinarias. Los vecinos cuentan que las cargaron en un camión y se las llevaron a Misiones, donde el ‘Pato’ Campos tendría una finca. Investiguen y se llevarán una sorpresa”, dijo.

De “Maceta” Barrionuevo sostuvo que confirmaron que le alquilaba una camioneta Ford Ranger al municipio para prestar servicio en la Secretaría de Acción y Desarrollo Social, la repartición que él condujo hasta la intervención. “El contrato que firmó era por un año y establecía que mensualmente debía cobrar $150.000 y cada cuatro meses debía ser reactualizado”, indicó Sassi que recalcó que en el allanamiento realizado el miércoles se le secuestró una Amarok V6 que le había comprado a una mujer de Yerba Buena y que aún no había sido transferida. Sus defensores, Tomás y Nicolás Arce, rechazaron la acusación por falta de pruebas.

Difícil tarea

Para probar el lavado de activos, los investigadores, deben analizar los ingresos de los acusados y luego comparar si son acorde con su patrimonio, los gastos que efectúan y los posibles viajes que realizaron al exterior. Si se supera el monto de 750 salarios mínimos, se configura el delito.

En la audiencia del viernes, Sassi informó que los ingresos declarados por los investigados oscilan entre los $700.000 y los $1,2 millones. También aclaró que algunos tienen vehículos y que, según el informe del Registro Inmobiliario, ninguno tiene propiedades a su nombre. Claro que aún queda por analizar los datos históricos, es decir, las posibles transferencias que hayan realizado de esos bienes a terceros. Pero también puede ocurrir, como el caso de Barrionuevo, que adquirió una camioneta de alta gama y no la inscribió a su nombre. El concejal Albano Loru dijo que se moviliza en una moto porque tuvo que devolver la Toyota Hilux que había comprado por no tener ingresos suficientes para pagar las cuotas. “¿En serio me dice que esta gente no tenía nada a su nombre? Aquí hay un gato encerrado. Si todo el mundo sabe que de la noche a la mañana empezaron a lucir las mejores ropas, viajar y tener vehículos de alta gama”, finalizó Helena Ramírez.