Cometieron estafas como falsos empleados de Mercado Pago y evitarán ir a juicio a cambio de $100.000
Engañaban a las víctimas para que instalaran en sus teléfonos una aplicación que permitía el acceso remoto. Luego, tomaban préstamos y hacían transferencias a distintas cuentas.
Siete personas acusadas de cometer estafas virtuales en distintas provincias de Argentina han logrado evitar un juicio penal tras llegar a un acuerdo para reparar el daño causado. Esta resolución fue tomada por la jueza Karina Breckle durante una audiencia preliminar que tuvo lugar el lunes en la Oficina Judicial de Rawson. En este contexto, se concedió la suspensión del juicio a prueba por un periodo de tres años, una decisión que busca equilibrar las consecuencias legales con la necesidad de reparación de las víctimas.
Los imputados, la mayoría de los cuales residen en la provincia de Córdoba, deberán abonar 100 mil pesos cada uno como reparación económica. Originalmente, enfrentaban acusaciones por estafa bajo modalidad virtual, y aunque también se les había imputado el delito de asociación ilícita, esta figura fue desestimada durante la audiencia.
El abogado defensor argumentó a favor de que sus representados accedieran al beneficio de la suspensión del juicio a prueba, propuesta que fue aceptada por el fiscal Fernando Rivarola. Este acuerdo implica no solo un alivio para los acusados, sino también un reconocimiento de la necesidad de reparar el daño causado a las víctimas de estas estafas.
Según la información proporcionada por la Unidad de Cibercrimen del Ministerio Público Fiscal, los hechos en cuestión ocurrieron en el año 2022. Durante ese tiempo, los acusados realizaron llamadas telefónicas al azar, contactando a víctimas en diversas provincias. Se hacían pasar por empleados de la empresa Mercado Pago y, utilizando tácticas engañosas, solicitaban a las personas que descargaran en sus celulares la aplicación Team Viewer Quick Support, un software que permite el acceso remoto a dispositivos.
Manipulación y robo
Una vez que la aplicación estaba instalada, los estafadores guiaban a las víctimas para que abrieran sus cuentas bancarias o billeteras virtuales. Gracias al control remoto y a técnicas de manipulación, lograban hacerse con las credenciales de acceso, o inducían a las víctimas a tomar préstamos y transferir fondos a cuentas pertenecientes a los miembros de la organización.
Además, cada uno de los imputados había abierto cuentas bancarias o billeteras virtuales a su nombre, facilitando así el circuito del dinero robado. De esta manera, organizaban la distribución de los fondos sustraídos y su posterior utilización en beneficio del grupo.
La decisión judicial permite cerrar esta etapa del proceso con una reparación económica para las víctimas, aunque sin una sentencia penal firme para los acusados. Cada uno de ellos tendrá un plazo de 30 días para cumplir con el pago dispuesto por la jueza. En caso de no hacerlo, podrían perder el beneficio otorgado y enfrentarse al juicio correspondiente, lo que resalta la importancia de cumplir con los compromisos asumidos en estos acuerdos judiciales.