La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y la Unidad Fiscal Federal de Salta, a cargo del fiscal Eduardo Villalba, avanzan en una causa que destapó un entramado de trata de personas con fines de explotación sexual, que operaba frente a un colegio secundario de la ciudad de Salta. Un detalle que estremeció en la investigación fue que pagaban $200.000 si la adolescente no había perdido su virginidad.

El expediente se abrió tras denuncias de madres preocupadas por movimientos de dinero y chats sospechosos en los celulares de sus hijas. Una de ellas relató que, al revisar el teléfono de su hija —identificada como J. para proteger su identidad— encontró transferencias y mensajes que decían: "Fuiste a la cita programada", seguidos del envío de dinero y propuestas para sumar a su hermana menor de 12 años.

En paralelo, otra familia denunció que un compañero de curso, llamado W. en la causa, intentaba captar a dos adolescentes de 16 y 13 años a la salida del colegio. Según la denuncia, un hombre (remisero) de unos 63 años esperaba cerca mientras W. hacía de intermediario. "Tengo un amigo que quiere con vos, es ese hombre de ahí", habría dicho el joven, antes de explicar que, por ser virgen, le pagarían 200.000 pesos. Por un beso, la tarifa era de 60.000, de los cuales él cobraba 30.000 como comisión.

Las entrevistas en Cámara Gesell confirmaron que los encuentros sexuales se realizaban en hoteles de la ciudad y que el remisero era quien trasladaba a las menores, facilitando el contacto con varios adultos. Según los testimonios, los clientes además ofrecían alcohol y drogas antes de los abusos.

El perfil de los clientes era preciso: pedían chicas de un colegio secundario e incluso insistían en incorporar a hermanas menores, lo que mostraba la asimetría de poder y control en la red.

Con esos datos, la PSA ejecutó cinco allanamientos en distintos domicilios de Salta y detuvo a cuatro hombres por trata de personas. En los operativos se secuestraron teléfonos, computadoras, discos duros, lencería erótica, marihuana, un vehículo y documentación relevante para el caso.

La fiscalía mantiene abierta la investigación para identificar nuevas víctimas y otros responsables. Este caso expone un mecanismo inquietante: la captación de adolescentes en ámbitos escolares para explotarlas sexualmente mediante redes encubiertas y pagos en efectivo.

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