Córdoba: condenan a exintendente por abuso y coacción a seis mujeres
José Eugenio Díaz fue condenado a tres años de prisión por pedir sexo a cambio de planes sociales cuando era intendente de la localidad de El Brete
José Eugenio Díaz, ex intendente de El Brete, fue condenado a una pena de tres años de prisión condicional por los delitos de abuso sexual y coacción en perjuicio de seis mujeres durante su mandato entre 2002 y 2004. La sentencia fue dictada por la Cámara en lo Criminal y Correccional de Cruz del Eje el 19 de junio, tras un juicio abreviado en el que el acusado admitió haber cometido los hechos en su despacho.
Las denuncias, que datan del año 2004, fueron presentadas por el abogado querellante Pablo Olmos, quien expresó su indignación ante la duración de la pena solicitada por la fiscalía, que oscilaba entre 2 y 32 años. Los abusos se perpetraron aprovechando su cargo como funcionario público, donde Díaz utilizó su posición de autoridad para amenazar y coaccionar a las víctimas, prometiéndoles beneficios económicos a cambio de favores sexuales.
En el expediente se documentan varias situaciones en las que se describe cómo el ex intendente hizo comentarios inapropiados y realizó tocamientos no consentidos, además de imponer condiciones laborales que afectaban a las mujeres involucradas, condicionando su estabilidad laboral a la aceptación de sus propuestas. A pesar de la gravedad de las acusaciones y de la condena, el Tribunal decidió no inhabilitar a Díaz para ocupar cargos públicos, a pesar de que su conducta durante el ejercicio de su mandato fue considerada inaceptable.
Las condiciones de su condena incluyen la obligación de cumplir ciertas reglas de conducta durante cuatro años, como el alejamiento de las víctimas y la realización de un tratamiento psicológico, así como el pago de una reparación económica de 3,5 millones de pesos a cada una de las mujeres que aceptaron el acuerdo.
Cabe destacar que el fallo también contempla la remisión de antecedentes para investigar la posible implicación de un abogado que representó tanto al acusado como a una de las querellantes, lo que podría abrir la puerta a nuevas investigaciones en el ámbito judicial. La sentencia marca un precedente en la lucha contra la violencia de género y el abuso de poder en el contexto de la administración pública en la región.