El presidente Javier Milei ha tomado la decisión de eliminar la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC) mediante el Decreto 445/2025, publicado en el Boletín Oficial el 1 de julio. Este organismo, que había sido creado hace diez años con el propósito de regular el uso de armas de fuego, municiones y explosivos en Argentina, es ahora desmantelado.

El decreto cuenta con las firmas de Patricia Bullrich y Guillermo Francos, quienes han respaldado esta medida. El cierre de la ANMAC coincide con un cambio en la política de acceso a armas en el país, ya que el Gobierno ha flexibilizado las restricciones para la tenencia de armas semiautomáticas, incluyendo armamento de uso militar. Esta modificación, que permite que civiles puedan acceder a fusiles y carabinas, ha generado preocupación entre organizaciones de derechos humanos y expertos en seguridad. 

El gobierno eliminó por decreto la agencia de control de armas

Según la Red Argentina para el Desarme, "esta reforma representa una desregulación de hecho del mercado de armas de fuego" y plantea interrogantes sobre los intereses detrás de la desregulación: "¿A quién le sirve la desregulación del mercado de armas?" Desde la creación de la ANMAC, se había trabajado en un enfoque preventivo para frenar la violencia armada, contrastando con el modelo anterior, el RENAR, que se caracterizaba por un enfoque más pasivo. El comunicado de la Red advierte que “Argentina retrocede al modelo de 1973”, lo que podría implicar un aumento en la violencia social.

 En este sentido, se recuerda que el país había alcanzado en 2024 la tasa más baja de homicidios de Sudamérica, resultado, según afirman, de las políticas restrictivas en materia de armas. Con la nueva estructura, el antiguo RENAR se restituye como organismo desconcentrado dentro del Ministerio de Seguridad, aunque pierde su autonomía administrativa y la capacidad de implementar políticas preventivas.

El gobierno eliminó por decreto la agencia de control de armas

 Además, se ha eliminado el Fondo de Promoción de las Políticas de Prevención de la Violencia Armada, que financiaba iniciativas educativas para desalentar la tenencia de armas. La decisión del Gobierno ha generado un amplio debate sobre el futuro de la seguridad en Argentina y las implicaciones de un mayor acceso a armamento por parte de la población civil.