Un escándalo de magnitud sacudió a la Gendarmería Nacional en la provincia de Córdoba: 23 agentes fueron detenidos, algunos con prisión domiciliaria, acusados de integrar una red que exigía coimas a camioneros para permitir su circulación por rutas provinciales.

La investigación penal federal, iniciada en febrero bajo la fiscalía de Río Cuarto a cargo de Rodolfo Cabanillas, se disparó tras la denuncia de un chofer. El epicentro fue el puesto vial de Sampacho, sobre la ruta 8, aunque las pesquisas se extendieron a otras localidades cordobesas y a provincias como Santa Fe, Catamarca y Salta.

Según la causa, los efectivos retenían a conductores por supuestas irregularidades en la documentación y les exigían pagos que, según distintos testimonios y registros, iban desde $50.000 hasta $600.000 para dejarlos continuar sin aplicar sanciones administrativas o judiciales. Los pagos se habrían realizado tanto en efectivo como mediante transferencias a cuentas de terceros que funcionaban como testaferros.

Los investigadores sostienen que el circuito delictivo funcionó entre mediados de 2024 y septiembre de 2025. La organización interna habría incluido mecanismos para alterar registros de recaudación y coordinar turnos en los controles viales, con el objetivo de sistematizar el cobro y la distribución de lo recaudado.

El avance de la pesquisa motivó 20 allanamientos simultáneos en Sampacho, Holmberg y distintos puntos de las rutas de la provincia, además de procedimientos en las provincias mencionadas. El juez federal de Río Cuarto, Carlos Ochoa, ordenó inicialmente la detención de 14 gendarmes; con nuevas pruebas y denuncias, la cifra de imputados llegó a 23.

Entre los detenidos figura la jefa de la seccional, Analía Galian. Del total, 13 permanecen alojados en la cárcel de Bouwer y el resto cumple arresto domiciliario. La causa imputa a los agentes por presunta asociación ilícita, extracciones ilegales y abuso de autoridad, y no se descartan futuras ampliaciones de la imputación ni medidas disciplinarias internas en la fuerza.

El caso pone en evidencia una supuesta trama de corrupción que afectó controles viales y la libre circulación de transporte de carga en la región. La investigación federal continúa en curso: se aguardan nuevas declaraciones, peritajes contables y el resultado de medidas judiciales que podrían aportar más elementos sobre la magnitud y alcance de la maniobra.