La Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad I, a cargo de Diego López Ávila y representada en esta audiencia por la auxiliar de fiscal Emely Rafael, imputó a una agente policial que prestaba funciones en la Dirección de Distritos Urbanos 1 por la presentación de un certificado médico presuntamente apócrifo.

Según la teoría del caso expuesta por la Fiscalía, el 20 de noviembre de 2023 la mujer presentó un certificado expedido con el membrete de una clínica privada, en el que se consignaba un diagnóstico vinculado a síntomas gastrointestinales y la recomendación de reposo por 48 horas. El documento, sin embargo, ostentaba la firma de un profesional que no figuraba como empleado del establecimiento y que, además, había fallecido en 2020, lo que llevó a la conclusión de que el certificado era falso tanto en su contenido como en su rúbrica.

Durante la audiencia del lunes 6 de octubre se detalló que la irregularidad fue advertida inicialmente por la División del Servicio Médico Laboral y luego constatada por la Dirección de Fiscalización Sanitaria. Con esas pruebas preliminares, la Fiscalía solicitó la imposición de reglas de conducta por seis meses como medida cautelar de menor intensidad, argumento que la auxiliar de fiscal consideró suficiente para preservar el avance de la investigación. La jueza interviniente hizo lugar al pedido y dictó las reglas sin que la defensa técnica presentara oposición.

La decisión implica medidas dirigidas a asegurar la presencia de la imputada y el normal desarrollo del proceso mientras siguen las diligencias para determinar responsabilidades respecto de la confección y presentación del certificado. El caso sigue bajo investigación para establecer la autoría y eventuales vínculos con la falsificación del documento.