La Justicia Federal de Tucumán procesó a la legisladora Sandra Figueroa y a su esposo, el exintendente Luis “Pato” Campos, en el marco de la causa que investiga maniobras vinculadas al municipio de Juan Bautista Alberdi. Las imputaciones formuladas —según consta en el expediente— alcanzan presuntos delitos de lavado de activos, confabulación con narcotráfico y asociación ilícita con participación de funcionarios públicos.

Si bien el juez no dictó prisión preventiva para ambos, les impuso restricciones procesales destinadas a asegurar la prosecución de la investigación: prohibición de salir de la provincia o del país sin autorización judicial, obligación de presentarse quincenalmente ante la policía y veda para comunicarse con otros imputados o personas vinculadas al expediente. Además, se determinó un embargo por 250.000.000 de pesos sobre bienes de Figueroa para garantizar eventuales responsabilidades civiles y costas.

La decisión de procesamiento alcanza también a exfuncionarios municipales ya mencionados en la causa, varios de los cuales se encuentran detenidos. Entre ellos figuran Roque “Chipi” Giménez, José Roldán, Pablo Barrionuevo y Albano Loru. La imputación, apoyada en abundante prueba documental y testimonios, describe a los involucrados como parte de una “empresa criminal colectiva” cuya estructura, en el municipio, habría tenido al matrimonio Campos–Figueroa como sostén central.

En lo que respecta al presunto lavado de activos, la acusación contra Figueroa incluye el agravante por haber sido titular de un cargo público —intendenta entre 2015 y 2023 y actualmente legisladora— en el momento en que se habrían desarrollado las maniobras. Los elementos que el juzgado consideró indicios consisten en: un incremento patrimonial cuya fuente no se condice con declaraciones de ingresos ni registros fiscales; la registración a su nombre de múltiples vehículos de alta gama (entre ellos una Toyota Hilux y un minibús Mercedes-Benz Sprinter 413); el uso de cheques oficiales del municipio para la adquisición de automotores durante su gestión; y la ausencia de balances contables y registros contractuales en la administración municipal, según la imputación.

Por otra parte, la investigación por confabulación para el narcotráfico incluye referencias a comunicaciones entre imputados. Un audio difundido públicamente, en el que Roque Giménez se dirige a Campos con expresiones que aluden a conductas de un familiar y a “iligencias” —término que en el expediente se vincula con actividades delictivas—, fue incorporado como indicio de conocimiento o encubrimiento de actos relacionados con el tráfico de estupefacientes. También se consignan movimientos migratorios de la legisladora por pasos fronterizos de la región, datos que los investigadores consideran relevantes en el contexto de las pesquisas.

En los fundamentos para no disponer prisión preventiva, el juzgado ponderó circunstancias procesales y de hecho: la existencia de domicilio conocido y arraigo social y familiar de Figueroa, el ejercicio de su mandato legislativo y los fueros que ello implica, la falta de solicitud formal de desafuero por parte del fiscal hasta ese momento y la intervención judicial del municipio, que habría reducido su capacidad de manipular documentación o influir en el funcionamiento de la administración municipal.

Las medidas alternativas establecidas por el juzgado buscan asegurar la investigación sin recurrir a la prisión: prohibición de salida de la provincia y del país sin autorización judicial, presentación quincenal ante la fuerza policial y prohibición de comunicarse o acercarse a otros imputados, testigos y personas vinculadas a la causa. El embargo por 250.000.000 de pesos sobre bienes de Figueroa fue dispuesto con el fin de garantizar eventuales condenas civiles y costas procesales. Una vez firme la resolución, el juzgado ordenó que se informe a la Legislatura de Tucumán sobre lo resuelto respecto de la legisladora.

La causa continúa su etapa de instrucción, con diligencias complementarias, peritajes contables y análisis de las pruebas reunidas. La figura del procesamiento implica que el magistrado consideró que existen elementos suficientes para atribuir la comisión de los delitos investigados, aunque corresponderá ahora al proceso penal —con la posibilidad de apelaciones y medidas probatorias adicionales— determinar la eventual responsabilidad penal definitiva de los imputados.