El Ejército argentino ha formalizado una denuncia tras un hackeo que ha expuesto información sensible de aproximadamente 50.000 efectivos. Entre los datos filtrados se encuentran números de Documento Nacional de Identidad (DNI), lugares de servicio, domicilios de las familias de los militares y registros de viajes. 

Este incidente ha llevado a que el Ministerio de Seguridad, bajo la dirección de Patricia Bullrich, inicie una investigación en colaboración con las áreas de ciberdefensa y seguridad informática del Ejército para esclarecer los detalles del ataque cibernético. Desde la presentación de la denuncia el 8 de mayo ante la División de Delitos Informáticos de la Policía Federal, se han implementado medidas preventivas con el objetivo de reforzar la seguridad de los sistemas administrativos afectados.

 Según fuentes oficiales, se han seguido todos los protocolos necesarios para proteger la información administrativa, aunque se destaca que no se han visto comprometidas las capacidades operativas ni los sistemas informáticos críticos de la fuerza. En caso de confirmarse la filtración, se aclara que los datos involucrados son, en su mayoría, de carácter público. 

En la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), bajo la dirección de Sergio Neiffer, se informó que hasta el momento no estaban al tanto de la situación. Esto ha suscitado preocupaciones sobre el manejo de la ciberseguridad dentro de las instituciones gubernamentales. Por otro lado, un sector del oficialismo ha señalado que la Agencia Federal de Ciberseguridad (AFC) ya está monitoreando el caso. 

Esta agencia, liderada por Ariel Waissbein, trabaja en conjunto con las distintas áreas de seguridad informática de la administración pública. La postura oficial sugiere que la información filtrada corresponde a datos administrativos que no representarían una amenaza para las capacidades operativas del Ejército.