El caso se conoció públicamente en noviembre de 2024, cuando la víctima relató ante los medios el calvario vivido: “Hace 12 años que vengo haciendo denuncias porque una persona que no conocía aparece en mi domicilio alterando la paz de mi entorno. (…) Nada me garantiza que de acá a dos meses vaya a estar viva”, advirtió entonces. Punturo había sido procesado por desobediencia judicial tras incumplir una orden de alejamiento dictada por el Juzgado Civil V de Familia. En un primer momento, la jueza Isabel Méndez ordenó que fuera evaluado en el hospital Obarrio, con la alternativa de arresto domiciliario por 15 días. Tras apelaciones de la querella, encabezada por el abogado Patricio Char, y de la fiscal Adriana Reinoso Cuello, se resolvió imponerle una prisión preventiva de 40 días. Posteriormente, se avanzó en un acuerdo de probation por tres años, que permitió al acusado evitar el juicio a cambio de cumplir estrictas reglas:

  • Residir en Santiago del Estero bajo supervisión de un pastor.
  • Control del Patronato de Internos y Liberados.
  • Prohibición de ingresar a Tucumán sin autorización judicial.
  • Uso obligatorio de pulsera de rastreo.
  • Tratamiento psicológico y abstinencia de drogas y alcohol.
  • Reparación económica de $300.000 a la víctima.
  • Tareas comunitarias semanales y asistencia a cursos de género.

Menos de nueve meses después, Punturo se arrancó la pulsera electrónica y desapareció. En una audiencia convocada para evaluar el incumplimiento, el acusado comunicó supuestos problemas técnicos para conectarse y luego no volvió a dar señales. Ante esto, el querellante Char solicitó una orden de captura y reforzar la protección de la víctima, planteo que fue aceptado por el juez interviniente con apoyo del Ministerio Público Fiscal. “Estamos ante un caso grave. El antecedente de Paola Tacacho es muy similar y se deben tomar todas las medidas correspondientes para garantizar la seguridad de la víctima”, advirtió el abogado Char. Hasta la noche del domingo, la Policía no había podido localizar al prófugo, lo que genera fuerte preocupación en la familia de la joven acosada y reabre el debate sobre la eficacia de los mecanismos judiciales de protección en casos de violencia de género y hostigamiento prolongado.

/Contexto