Lucha contra el narco: autorizan a los militares a detener civiles en la frontera con Bolivia
Las llamadas "reglas de empeñamiento" del ministro de Defensa, Luis Petri, también permiten llevar armas cargadas durante los patrullajes en situaciones de potencial peligro.
El Gobierno ha emitido órdenes reservadas que permiten a los militares, quienes han comenzado a movilizarse para reforzar la vigilancia en las zonas de la frontera norte, llevar a cabo detenciones transitorias de civiles en casos de delitos en flagrancia. Esta actuación se enmarca en el denominado “Operativo Roca”, que busca coordinar los esfuerzos de las Fuerzas Armadas y la Gendarmería en la lucha contra el delito en estas regiones.
La resolución 347, firmada por el ministro de Defensa, Luis Petri, establece que los efectivos militares podrán proceder a la aprehensión transitoria de personas que estén cometiendo delitos en flagrancia. Esta acción deberá ser informada de forma inmediata a las Fuerzas de Seguridad, al Juzgado correspondiente o al Ministerio Público Fiscal, quienes asumirán la intervención que les compete.
Esta normativa ha suscitado diversas opiniones y es considerada polémica en el contexto de la relación entre fuerzas armadas y civiles. Las directrices que se otorgan a las tropas, conocidas como “reglas de empeñamiento”, son un conjunto de normas que regulan el comportamiento de los efectivos ante situaciones de amenaza, incluyendo ataques por parte de organizaciones criminales, la detención de civiles, la utilización de armas y la respuesta en caso de enfrentamientos.
Estas reglas buscan limitar el uso de la fuerza, estableciendo que su aplicación debe circunscribirse a la defensa propia y la protección de terceros ante agresiones inminentes que pongan en riesgo la vida o la integridad física de los involucrados, así como el cumplimiento del deber de los efectivos.
En relación a la facultad de detener civiles, el ministro Petri ha manifestado que, según el Código Procesal Penal de la Nación, la aprehensión en flagrancia puede ser realizada no solo por la policía, sino también por otras autoridades e incluso por ciudadanos particulares. En este sentido, el aprehendido debe ser conducido a la mayor brevedad posible ante la autoridad competente para que se inicie la investigación correspondiente.
Este nuevo enfoque en el despliegue militar en la frontera norte genera un debate sobre el rol de las fuerzas armadas en el ámbito de la seguridad interior y sus implicancias en el ejercicio de derechos civiles.