El 13 de abril de 2021, Diego Escobar fue asesinado en su casilla, en la zona de Avenida Jujuy al 3.600, en San Miguel de Tucumán. Lo quemaron vivo. Dos semanas más tarde, su madre, Mariela Abregú, decidió hacer un corte de calle para pedir justicia por su hijo.

Como la zona es complicada en materia de inseguridad, fue a la comisaría 9 a pedir presencia policial para que la prensa pudiera cubrir la protesta con tranquilidad. El resultado: la marcha se hizo sin custodia y la periodista de Los Primeros (Canal 10 y América Tucumán) Mariana Romero terminó acusada penalmente por instigación pública.

La Policía y la prensa

Todo comenzó en noviembre de 2020 cuando un equipo periodístico de Los Primeros fue asaltado a punta de pistola en una cobertura. En aquella oportunidad, desde la Policía de Tucumán, se ofreció a los periodistas protección policial para aquellas coberturas que deban realizarse en zonas peligrosas.

Se les indicó que, previo a llegar al sitio, pasen por la comisaría correspondiente a pedir que un efectivo los acompañe o, en su defecto, citaran a los entrevistados en la puerta de las dependencias policiales. Desde entonces, los cronistas en más de una oportunidad siguieron esa recomendación, sin ningún inconveniente.

Un pedido de seguridad

Cuando Mariela Abregú pidió a Los Primeros cobertura para la marcha por justicia para su hijo, el 29 de abril, originalmente había planeado la protesta en la puerta de la comisaría 13. La periodista Mariana Romero se comprometió a cubrirla.

Sin embargo, la madre cambió de opinión al enterarse que el acusado del crimen de su hijo no estaba alojado ahí y resolvió hacerla en Jujuy al 3.600.

Entonces, la cronista le advirtió que no se sentía segura para presentarse en la zona, dado que -además de ser muy insegura- ya habría recibido algunas agresiones por parte de vecinos enojados porque el equipo de Los Primeros no había asistido a tiempo cuando estaban asesinando al joven y todavía estaba con vida.

Mariela Abregú, entonces, se dirigió a la comisaría 9 para pedir que un móvil policial vaya a la marcha, con el objetivo de que la periodista se sintiera segura para poder ir con su equipo a transmitir en vivo.

Según el relato de la mujer, en la comisaría escucharon su pedido y elaboraron un escrito, que le hicieron firmar sin leer. Le aseguraron que se trataba de un acta de pedido de custodia.

El escrito, sin embargo, contenía expresiones que la mujer asegura no haber declarado jamás: “la periodista Mariana Romero también me dijo en varias oportunidades que lo mejor es que la gente se traslade a la puerta de la comisaría para que la marcha sea multitudinaria”.

Horas después, fuentes policiales filtraron a la prensa un parte que indicaba que se había iniciado una causa penal en contra de la periodista por el delito de instigación pública, que la víctima era la Administración de Justicia y que se había puesto en conocimiento a la Unidad Fiscal de Delitos Complejos. Ese delito prevé una pena de dos a seis años de prisión para quien “públicamente instigare a cometer un delito determinado contra una persona o institución”.

La indignación de la madre

“Yo le dije a la señorita Mariana, para que ella se sienta más cómoda, que si ella se hacía presente yo iba a llamar al 911 para pedir policía ahí”, asegura Mariela Escobar. Agrega que, como no obtuvo respuesta positiva, se dirigió a la comisaría 9 a pedir consigna para la protesta.

“Yo fui a pedir al cuerpo policial que se haga presente en el lugar para llamar a la señorita para hacer una marcha para pedir justicia para mi hijo. Y me dijeron ellos ‘sí, venga le voy a hacer un acta’, pero jamás hice denuncia”, agrega.

La mujer relató que, cuando se enteró que de su pedido había derivado una denuncia penal contra la periodista, volvió a la comisaría 9 a pedir explicaciones. “Me dijeron que ya habían tenido problemas con la señorita Mariana, que la señorita una vez fue con varios vecinos a patear la puerta de la comisaría”, señaló y agregó que le ofrecieron asentar una nueva denuncia contra la periodista.

“Me siento decepcionada con la Justicia, yo ya no sé si confiar o no. Que la Justicia me haga esto, yo yendo a pedir que me hagan un favor, que se haga presente la Policía ahí para que me hagan una nota para pedir justicia por mi hijo; que ellos me hagan esto no. Está mal”, considera.

La causa

Tras difundirse entre los periodistas la acusación, la causa quedó guardada en la comisaría. El abogado de la cronista, Carlos Garmendia, insistió durante cinco días que la remitieran a la fiscalía a fin de poder ejercer la defensa de la cronista. Finalmente, el martes 3 de mayo, lo logró. La denuncia entró al Ministerio Público Fiscal, que la archivó de inmediato.

La periodista, sin embargo, reclamó que la causa salga de archivo y continúe su curso, con dos objetivos. El primero, ser sobreseída. El segundo, que se investigue si los policías cometieron el delito de falsificación de instrumento público, al escribir cosas que la mujer no dijo y al dejar consignado que el documento le era leído en voz alta antes de hacerla firmar, cosa que no ocurrió.

Además, presentó en el marco de la causa la declaración de Mariela Escobar, en la que la mujer afirma que no declaró en la comisaría lo que los policías escribieron y le hicieron firmar sin leer.

La libertad de prensa

El Foro de Periodismo Argentino (Fopea) expresó su preocupación por la situación. En un comunicado, reclamó a las autoridades locales que esclarezcan lo sucedido.

“Fopea se solidariza con la periodista y rechaza la criminalización de la actividad periodística. A su vez, reclama a la Justicia que desestime la denuncia y a las autoridades provinciales que investiguen lo sucedido en esa comisaría”, expresó el organismo.

La periodista, en tanto, consideró que no puede permitirse que un pedido de custodia para una cobertura periodística se transforme en una causa penal contra los trabajadores de prensa.

“Esto sienta un precedente grave, desalienta a los cronistas que quieran cubrir reclamos contra las autoridades ante el temor de verse imputados en causas penales. Es colocarle a la prensa una Espada de Damocles. En Tucumán, la mayoría de los trabajadores de prensa no tiene los medios económicos para contratar abogados y litigar en tribunales para limpiar sus antecedentes y su buen nombre”, señaló.