Una mañana habitual en La Paz, Mendoza se transformó en horas de incertidumbre y tensión cuando una alumna de 14 años ingresó armada a la escuela secundaria Marcelino Blanco. Eran cerca de las 9.30, el intervalo entre el primer y el segundo recreo: los alumnos volvieron a las aulas cuando, según testimonios, la menor salió de un baño con un arma y efectuó dos disparos al aire antes de atrincherarse en el patio del colegio.

La escena, relatada por docentes y estudiantes ante las autoridades, fue de alarma inmediata. Algunos compañeros señalaron que la joven apuntó de manera fugaz a quienes tenía cerca; otros describieron el silencio posterior, el movimiento nervioso de docentes y personal del establecimiento y la decisión rápida de desalojar las instalaciones por prevención. La evacuación se realizó priorizando la seguridad de los estudiantes: muchos fueron trasladados al Hospital de La Paz y se solicitó la presencia de los padres para retirarlos.

Desde un primer momento, la investigación tomó un curso judicial y operativo simultáneo. Intervino la fiscal penal de menores de La Paz, Griselda Digier, quien se constituyó en el lugar para mediar con la adolescente. Se solicitó además la intervención del Grupo de Resolución de Incidentes y Secuestros (GRIS), junto a agentes policiales, funcionarios judiciales y representantes de la Dirección General de Escuelas y del Ministerio de Seguridad y Justicia. El accionar de esos equipos se enfocó en preservar la seguridad de la menor y del resto de la comunidad educativa, y en evitar que cualquier interferencia externa complicara la situación.

La negociación fue prolongada: según fuentes oficiales, la mediación con la chica comenzó alrededor de las 11.30 y se extendió por varias horas hasta las 15. En ese lapso se trabajó para que la adolescente entregara el arma y abandonara el patio sin poner en riesgo su vida ni la de terceros. Finalmente, tras más de cuatro horas de tensión, la menor se entregó y entregó el arma.

Fuentes policiales consignaron a la prensa que el arma sería de calibre 9 milímetros y que existe la sospecha —pendiente de peritajes— de que podría pertenecer a su padre, efectivo de la policía de la provincia de San Luis. Las autoridades recomendaron a la comunidad no acercarse al lugar durante el operativo y extremar los cuidados para no interferir con las tareas de los equipos. En el comunicado oficial se subrayó la prioridad por la protección de la menor y del resto de los alumnos, y la necesidad de evitar especulaciones que pudieran entorpecer la investigación.

El episodio reabrió interrogantes sobre seguridad escolar, custodia de armas y acompañamiento de adolescentes en situación de crisis. Mientras se aguardan los resultados de peritajes y la continuidad del proceso judicial, la comunidad educativa de La Paz quedó conmocionada por lo ocurrido, con la urgencia de brindar contención a estudiantes y docentes y de esclarecer circunstancias y responsabilidades en torno a un hecho que, por su naturaleza, exige respuestas integrales desde la justicia, la seguridad y las políticas educativas.