En las primeras dos semanas de octubre se registraron once femicidios en la Argentina, una cifra que reavivó la alarma entre organizaciones y observatorios dedicados a la prevención de la violencia de género. Los hechos recientes incluyen los asesinatos de tres jóvenes en Florencio Varela; dos mujeres en la provincia de Córdoba; dos en Bahía Blanca; y otra joven en Chaco, entre otros casos que aportan al incremento estadístico y mediático del fenómeno.

Según el registro difundido por la Organización MuMaLá (Mujeres de la Matria Latinoamericana), desde el 1.º de enero de 2025 hasta la fecha se contabilizan 195 femicidios en todo el país. Esa cifra equivale, de acuerdo con el informe, a una mujer asesinada cada 35 horas. En lo que respecta específicamente a octubre, MuMaLá precisó que las 11 víctimas fatales registradas representan un promedio de un femicidio cada 28 horas.

Por su parte, el Observatorio Nacional "Mujeres, Disidencias, Derechos", en su informe publicado a fines de septiembre, consignó 182 femicidios y 758 intentos de asesinato en lo que va del año. Ambos relevamientos señalan patrones y datos que describen la dinámica de la violencia letal contra las mujeres y las poblaciones disidentes.

Entre los datos más relevantes señalados por los observatorios figuran que el 14 % de las víctimas había denunciado previamente a su agresor; que el 73 % de los crímenes fueron cometidos por una expareja o un familiar; y que el 70 % de los femicidios se concretaron dentro de la vivienda de la víctima. Esos indicadores muestran la persistencia de riesgos en el ámbito privado y la limitada efectividad de algunas medidas protectoras.

El impacto social de estos hechos también se traduce en consecuencias directas para los hijos e hijas de las víctimas: las organizaciones registran que, como consecuencia de los femicidios cometidos en lo que va del año, 120 niños y adolescentes quedaron sin madre.

Entre los casos recientes que concentraron la atención pública se mencionan a Lara Gutiérrez, Brenda Del Castillo y Morena Verdi (Florencio Varela); Luna Giardina y Mariel Zamudio (Córdoba); Gabriela Arací Barrios (Chaco); y Adriana Velázquez y su hija Mariana Bustos (Bahía Blanca). Cada uno de estos episodios alimenta el reclamo de una respuesta más eficaz desde las políticas públicas y los sistemas judicial y policial.

Este año se cumplieron diez años de las masivas movilizaciones de Ni Una Menos. En ese marco, MuMaLá difundió un balance que releva la magnitud del problema en el último decenio: entre el 1.º de junio de 2015 y el 30 de mayo de 2025 se registraron 2.589 femicidios, femicidios vinculados y trans/travesticidios, lo que, según la organización, equivale a que una mujer o persona trans fue asesinada en promedio cada 33 horas.

Los datos difundidos por organizaciones civiles y observatorios ponen en evidencia no solo la continuidad de los homicidios por motivo de género, sino también la persistencia de factores estructurales —como la convivencia con el agresor, la insuficiente protección tras denuncias y la violencia de las relaciones de pareja— que requieren respuestas integrales. Las cifras y los casos recientes vuelven a posicionar en la agenda pública la demanda por políticas de prevención, acceso a la protección y medidas de reparación que reduzcan el riesgo y atiendan a las víctimas y sus familias.