Permiso laboral para Pablo Amín: cuándo y cómo podrá salir de la cárcel a trabajar

Pablo Amín cumple desde hace casi dos años con un régimen de salidas transitorias autorizado por la Justicia. En los últimos meses, el permiso otorgado en 2023 se amplió —según fuentes judiciales— con el objetivo de reforzar sus vínculos familiares; además, está en condiciones de solicitar un régimen de semilibertad por motivos laborales. El trámite, sin embargo, permanece demorado debido a que Amín padece una enfermedad terminal, según allegados y registros judiciales.

En octubre de 2007, Amín, entonces de 24 años, llegó a Tucumán acompañado por su pareja, María Marta Arias, para asistir a un congreso de Herbalife. Esa misma tarde protagonizó incidentes en el microcentro y en la Catedral; fue trasladado por la Policía a la Patrulla Urbana y luego al hospital Padilla, donde fue estabilizado y dado de alta. Más tarde esa noche la pareja cenó con amigos y volvió al hotel donde se hospedaban, frente al parque 9 de Julio.

Horas después se produjo uno de los crímenes más cruentos en la provincia en las últimas décadas: Amín golpeó a Arias hasta causarle la muerte y, con un bisturí, le extrajo los globos oculares. Fue descubierto cuando arrastraba el cuerpo por las escaleras y detenido por la Policía. Tras varios meses internado en el hospital Obarrio, fue alojado en prisión. En diciembre de 2009 fue condenado a prisión perpetua por homicidio agravado por ensañamiento; en ese momento la figura de femicidio no formaba parte del Código ni se reconocía el vínculo sin matrimonio legal.

Por su trayectoria delictiva, Amín fue recluido en la unidad de máxima seguridad de la cárcel de Villa Urquiza, un sector reservado para los reos considerados más peligrosos, con un régimen de aislamiento estricto y escaso contacto con otros internos.

En el penal conoció a O.S. (identidad reservada), —aparentemente familiar de otro interno— con quien entabló una relación que dio lugar al nacimiento de una hija y, posteriormente, al matrimonio celebrado en diciembre de 2019 dentro del establecimiento carcelario.

Conforme a la normativa vigente, en 2023 se cumplió el tiempo requerido para que Amín solicitara salidas transitorias. El trámite se inició en diciembre de 2022 y, tras casi seis meses de audiencias, la Justicia autorizó el beneficio. Las defensas, representadas por Mariela Mayer y Álvaro Zelarayán, argumentaron la necesidad de fortalecer los vínculos familiares y, en particular, de permitir que la hija lo visite fuera del penal, ya que la niña supuestamente no toleraba las requisas invasivas en las visitas dentro del establecimiento.

La jueza de Ejecución Ana María Iácono habilitó dos salidas por mes de tres horas cada una, con la condición de que Amín estuviera acompañado por tres custodios y portara una pulsera de monitoreo. El Ministerio Público Fiscal impugnó la resolución, y el juez Facundo Maggio rechazó la impugnación, ratificando la decisión de Iácono pero introduciendo modificaciones: exigió que profesionales de la salud evalúen a Amín antes de cada salida para verificar su capacidad de realizar la visita y recomendó que los custodios actúen de civil para no generar un impacto negativo en la menor.

Desde abril de 2023 el régimen se mantuvo bajo estrictas medidas de control: traslados en móviles del servicio penitenciario hasta su domicilio, vigilancia permanente durante las visitas y retorno inmediato al penal; Amín no se moviliza por sus propios medios ni circula libremente.

En abril pasado, ante informes favorables sobre su conducta y evaluación institucional, la Justicia accedió a ampliar las salidas: pasó de dos a tres por mes y de tres a cinco horas cada una. Sus defensores señalaron que se cumplen todas las normas impuestas por el juez Maggio y que se realizan controles de salud mental antes y después de cada salida.

Fuentes judiciales confirmaron que Amín reúne los requisitos para solicitar semilibertad, lo que le permitiría abandonar el penal para trabajar y regresar al concluir sus actividades laborales. No obstante, sus allegados informaron que no iniciaron el pedido formal hasta conocer con mayor precisión el pronóstico de su enfermedad terminal y la expectativa de vida, dato que condiciona la decisión sobre el siguiente paso procesal y administrativo.