El Ministerio Público Fiscal (MPF) solicitó prisión perpetua para 24 exmilitares y expolicías, acusados de crímenes de lesa humanidad cometidos en perjuicio de 232 víctimas durante la última dictadura militar. Los delitos investigados incluyen torturas, homicidios y desapariciones forzadas, con epicentro en centros clandestinos de detención de Tucumán.

Los hechos que se juzgaron en este proceso -violaciones de domicilios, privaciones ilegítimas de la libertad con apremios, torturas agravadas, abusos sexuales y homicidios calificados- fueron cometidos principalmente en torno al centro clandestino de detención “Jefatura de Policía de Tucumán” y a partir de la actuación del grupo del llamado Servicio de Informaciones Confidenciales (SIC) que lo operaba. Este lugar y esta porción del aparato criminal fueron objeto de debates orales en dos oportunidades anteriores por otros cientos de casos; en 2008 y 2014 se dictaron condenas significativas a un gran número de acusados.

El MPF solicitó prisión perpetua para los exmilitares Augusto Leonardo Neme, Camilo Angel Colotti, Ramón Ernesto Cooke, Luis Edgardo Ocaranza y Mario Miguel Dursi. De igual manera, se pidieron penas similares para exagentes de la Policía de Tucumán, como Ricardo Sánchez, María Luisa Acosta de Barraza y Hugo Figueroa, entre otros.

Perpetua para exmilitares y expolicías de Tucumán por crímenes de la dictadura

El juicio abarcó también hechos llevados adelante por ese grupo en el centro clandestino de detención “Nueva Baviera” o Puesto de Comando Táctico, ubicado en Famaillá, en el sur de la provincia, y coordinado por el Ejército. El objeto procesal contó asimismo con hechos en los que se reporta un actuar coordinado con el accionar de al menos 32 comisarías distribuidas por toda la provincia.

Más de la mitad de las víctimas de este caso figuran en una serie de documentos extraídos entre 1977 y 1978 de la Jefatura por el testigo Juan Carlos Clemente y conservadas hasta 2008, cuando las presentó ante el mismo Tribunal Oral en lo Criminal Federal tucumano en el marco de su testimonio en el juicio conocido como “Jefatura I”. Entre los archivos aportados por el testigo, calificados como “únicos en el país y de enorme relevancia histórica” por la fiscalía, figura un documento de inteligencia titulado “Índice de declaraciones de DS (delincuentes subversivos)” en el que aparecen enlistadas 293 personas que pasaron por allí.

Junto a los datos personales de cada persona de la lista aparece una triple anotación según el destino que la llamada comunidad informativa de inteligencia decidía darle a cada víctima: “PEN” (el reconocimiento de la detención por parte del Poder Ejecutivo Nacional), “libertad” (cuando eran liberados sin ningún tipo de formalidad) y finalmente la sigla “DF”, que significaba “Disposición Final”, es decir que se había decidido su ejecución extrajudicial y el posterior ocultamiento de los restos.