En una jornada en la que el Parlamento y la calle evidenciaron distintos modos de disputa política, el Senado de la Nación abrió el debate sobre una batería de decretos de necesidad y urgencia dictados por el Gobierno con el objetivo de desregular ámbitos de la administración pública. Mientras la Prefectura Naval Argentina aplicaba el protocolo antipiquete y evitaba el corte de la avenida por parte de manifestantes en la Plaza del Congreso, los senadores comenzaron la discusión de normas que implican cambios profundos en organismos técnicos y en el mapa institucional del Estado.

La sesión convocada para analizar cinco decretos puso en primer plano medidas que el oficialismo sostiene como parte de un plan de reestructuración estatal y que la oposición describe como intentos de vaciamiento o desactivación de capacidades técnicas. Entre los puntos centrales figuran reformas al Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), dos instituciones con larga trayectoria en investigación y asistencia técnica. La eventual derogación de los decretos en el recinto supondría la pérdida de vigencia de las disposiciones adoptadas por el Poder Ejecutivo.

Además de esos organismos, la Cámara Alta debatirá proyectos que proyectan cambios en otras dependencias: la transformación del Banco Nacional de Datos Genéticos, la disolución de la dirección de Vialidad Nacional y la eliminación de la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo aparecen entre las iniciativas en discusión. También se tratarán iniciativas con finalidad social y educativa, como la declaración de emergencia pediátrica por un año —con el Hospital Garrahan como emblema de la medida— y la sanción de refuerzos presupuestarios para universidades públicas.

El contraste entre las medidas de corte técnico-administrativo y las iniciativas orientadas a sectores concretos —salud pediátrica y educación superior— pone de manifiesto las tensiones que atraviesan la agenda pública. Para el oficialismo, las reformas buscan flexibilizar estructuras y promover una reconfiguración del Estado; para la oposición y parte de la comunidad científica y académica, su implementación puede significar debilitamiento institucional y pérdida de capacidades esenciales para la investigación, la producción y la asistencia pública.

En el plano exterior a la sesión, la presencia de fuerzas de seguridad y la aplicación del protocolo antipiquete en la Plaza del Congreso marcaron la jornada con un relato de control y prevención de cortes de tránsito, mientras distintos colectivos sociales y gremiales intentaban manifestar su rechazo a las medidas gubernamentales. El cruce entre la protesta callejera y el debate parlamentario subraya la dimensión política de las decisiones: no solo se discuten textos legales, sino también la dirección que el Estado imprimirá a políticas científicas, tecnológicas, sanitarias y de infraestructura en el mediano plazo.

Con la apertura del debate, el Senado se encamina a decidir sobre la vigencia de los decretos y sobre la aprobación de las leyes anunciadas. El resultado del tratamiento legislativo será determinante para la continuidad del plan de reestructuración impulsado por el Poder Ejecutivo y para la estabilidad institucional de los organismos afectados. En las próximas sesiones, las discusiones técnicas y las negociaciones políticas definirán si las disposiciones quedan ratificadas o si, por el contrario, se restablece el estado previo a la emisión de los decretos.