El juicio por la muerte de Diego Maradona ha sido suspendido temporalmente debido a un escándalo que involucra a una de las integrantes del Tribunal Oral y Criminal Nº3 de San Isidro. La jueza Julieta Makintach, quien fue convocada para completar el tribunal tras la jubilación de uno de los magistrados, está siendo investigada por la presunta autorización de un documental sobre el debate sin el consentimiento de las partes involucradas. 

 Esta situación ha llevado a la Fiscalía a solicitar la suspensión del juicio hasta que se aclare lo sucedido, lo que fue aceptado por el tribunal. Julieta Makintach, con una carrera de 27 años en el ámbito judicial, se presentó para ocupar su actual cargo en octubre de 2014, aunque su designación fue aprobada en 2016.

Quién es Julieta Makintach, la jueza del escándalo en el juicio por la muerte de Maradona

 Además de su labor como jueza, la hija del juez Juan Makintach es coach ontológica y profesora de Derecho Penal en la Universidad Austral. Durante el juicio por la muerte de Maradona, había sido elogiada por su capacidad técnica, siendo considerada como una de las mejores juezas de la región. Luego de la suspensión del juicio, la jueza se expresó sobre la situación, sugiriendo que podría apartarse del caso para no comprometer su desarrollo. 

Este comentario se produjo en un contexto en el que los fiscales, junto a los abogados de las partes, habían solicitado su recusación. El abogado de Leopoldo Luque, imputado en el caso, fue quien primero presentó la solicitud, argumentando que la jueza había permitido el ingreso de cámaras a pesar de que el tribunal había prohibido su presencia. La controversia ha generado un impacto significativo, y los fiscales han manifestado que la situación compromete la integridad del Poder Judicial.

Quién es Julieta Makintach, la jueza del escándalo en el juicio por la muerte de Maradona

 A raíz de las primeras pruebas recolectadas en la investigación, que fue iniciada a partir de denuncias de los abogados Fernando Burlando y Mario Baudry, el fiscal general adjunto de San Isidro, Patricio Ferrari, consideró que la suspensión del juicio era necesaria para preservar su prestigio. El juicio ha quedado en pausa durante siete días, conforme a lo estipulado en el Código Procesal de la Provincia de Buenos Aires, mientras se llevan a cabo las investigaciones pertinentes.