En una audiencia llevada a cabo el pasado viernes, el juez Raúl Robín Márquez tomó la decisión de prorrogar por un mes la prisión preventiva de Liliana Nahid Carrizo, quien está acusada de haber sustraído el teléfono celular del gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo. Esta resolución fue emitida en el contexto de la feria judicial, donde el Ministerio Público Fiscal presentó un pedido de extensión de la medida cautelar, el cual contó con el respaldo de la querella, representada por la Dra. Paula Morales. 

La defensa de Carrizo, liderada por la Dra. Emilia Giselle Ale, se opuso firmemente a la extensión de la prisión preventiva, argumentando que la medida es desproporcionada y que la acusada ya ha estado detenida durante un mes por un delito cuya pena mínima es igual o menor al tiempo que ha cumplido hasta el momento. En contraste, la querella sostuvo que aún persiste un riesgo concreto de entorpecimiento de la investigación. La Dra. Morales enfatizó que no se han incorporado aún elementos de prueba fundamentales, como los registros de las cámaras de seguridad del lugar de los hechos. 

Además, advirtió que, si Carrizo recuperara su libertad, podría influir sobre testigos o coordinar versiones con otras personas involucradas. Se hizo hincapié en la supuesta conducta obstruccionista de la acusada, quien, según la querella, mintió en su declaración al responsabilizar a un tercero, cuando las imágenes de las cámaras demostrarían que fue ella quien tomó el celular. 

La gravedad del caso también fue un tema central en la audiencia, dado que la víctima es un funcionario público en ejercicio y que el dispositivo sustraído podría contener información de carácter sensible. El juez Márquez evaluó que no han existido cambios significativos en los motivos que llevaron a la imposición de la prisión preventiva al inicio del proceso, medida que había sido dictada por otro magistrado. Entre las diligencias que aún deben realizarse se mencionan peritajes sobre teléfonos secuestrados y declaraciones testimoniales de diferentes testigos. 

Finalmente, el juez resolvió habilitar el tratamiento del caso durante la feria judicial, accediendo al pedido del Ministerio Público Fiscal y de la querella, y prorrogó la prisión preventiva de Carrizo por un período adicional de 30 días, que comenzará a contar desde el 19 de julio. Asimismo, ordenó la notificación a las autoridades penitenciarias y policiales para asegurar que la acusada permanezca alojada en el Complejo Penitenciario de Delfín Gallo.