El reciente uso de la ley antimafia por parte de la Justicia Federal de Rosario marca un hito significativo en la lucha contra el crimen organizado en Argentina. Esta normativa, que busca establecer penas más severas y una equidad en las condenas para todos los integrantes de una organización delictiva, fue aplicada en una audiencia que se llevó a cabo ante el Juez de Garantías Eduardo Rodrigues Da Cruz. 

La audiencia se desarrolló en el marco de un caso impulsado por la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), en el que se solicitó una investigación especial en ciertas áreas de Rosario, identificadas por su alta incidencia delictiva y la presencia de organizaciones criminales. Desde el Ministerio de Seguridad Nacional, se destacó que esta investigación penal se está llevando a cabo en coordinación con el Ministerio Público de la Acusación (MPA), lo que permite una actuación conjunta de los diferentes organismos involucrados, respetando las competencias que establece la legislación vigente y garantizando la continuidad de las investigaciones en curso. 

Rosario y la Ley Antimafia: Primeros casos en la justicia federal

La resolución judicial habilita el uso de herramientas de investigación especiales dentro de un perímetro geográfico específico de Rosario, en función de las bandas delictivas que operan en esa zona. El objetivo de esta medida es fortalecer las capacidades del Estado para investigar, desarticular y desmembrar organizaciones criminales complejas, mediante una intervención judicial excepcional y focalizada, que contempla recursos ampliados en los ámbitos procesal, logístico y operativo. 

Cabe destacar que Rosario fue seleccionada como la primera ciudad para implementar esta ley, lo que refleja la gravedad de la situación delictiva que atraviesa la localidad. Las autoridades nacionales han solicitado al Poder Judicial que declare a la ciudad como “zona sujeta a investigación especial”, lo que permitirá a las fuerzas de seguridad y a los órganos judiciales contar con herramientas adicionales para combatir el narcotráfico, el lavado de activos, la extorsión y la trata de personas. Entre las herramientas que se habilitan bajo esta normativa se encuentran los allanamientos masivos, la intervención de vías digitales de comunicación y el decomiso anticipado. 

La ley también estipula penas más altas y establece que todos los miembros de una organización criminal serán condenados de manera equitativa por el delito más grave que cometan. Los considerandos de la resolución subrayan la crítica situación de Rosario, un contexto que llevó al gobernador de la provincia de Santa Fe, Dr. Maximiliano Pullaro, a solicitar al Ministerio de Seguridad Nacional la convocatoria de un comité de crisis. Este pedido se fundamenta en la conmoción social generada por los hechos delictivos de extrema gravedad en la ciudad, reflejando la urgencia de medidas efectivas para abordar el fenómeno del crimen organizado en la región.